Desde 1960, al menos, 158 obispos, sacerdotes y otros religiosos han sido o están siendo investigados por abusos sexuales en Chile, según el Ministerio Público que tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas menores y adolescentes
El fiscal Emiliano Arias, que centraliza las investigaciones por encubrimiento de religiosos que abusaron sexualmente de menores, tiene en la mira a varios obispos, después de imputar al cardenal y arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati.
Otros obispos cuyas «actuaciones están siendo analizadas, podrían también ser citados como imputados«, adelanta en una entrevista con la AFP en su oficina de la Fiscalía de Rancagua (80 kilómetros al sur de Santiago), donde el próximo martes tomará declaración al cardenal Ezzati -jefe de la Iglesia católica chilena-, en calidad de imputado por encubrimiento de los abusos que la han sumido en la peor crisis de su historia.
En esa diligencia, el fiscal tendrá que determinar si Ezzati «cumplió o incumplió sus obligaciones» de proteger a las víctimas y hacer cumplir la normativa eclesiástica.
Sin embargo, a diferencia de los sacerdotes pederastas, ve poco probable que vaya a la cárcel, ya que la «prisión preventiva es la medida más gravosa del ordenamiento procesal antes de la condena» y se rige por el principio de la «proporcionalidad». La «pena del encubridor es inferior en dos grados a (la del) delito cometido por el autor», precisa.
La mayor parte de los documentos que le permitieron citar como imputado al cardenal fueron recabados en un allanamiento al Arzobispado de Santiago tras la negativa de la Iglesia a entregar a la justicia la documentación de las diligencias canónicas solicitadas, amparándose a menudo en el respeto a las víctimas.
«La Iglesia, lo que tenía que hacer es denunciar de inmediato. Su interés es que esto pare», espeta antes de señalar que el hecho de «no tener obligación de denunciar no significa que les esté prohibido» hacerlo.
Hasta ahora, cinco obispos han renunciado a sus cargos y el sacerdote Óscar Muñoz -exmano derecha de Ezzati- está en prisión preventiva por el abuso de al menos siete menores.
El sacerdote Óscar Muñoz, ex-canciller del arzobispado de Santiago detenido por abusos
La Fiscalía, en tanto, mantiene abierta 38 investigaciones por abuso sexual al interior de la Iglesia católica, de las que el fiscal Arias lleva 19.
Los primeros juicios de casos concretos de sacerdotes abusadores tendrán lugar en «un plazo de seis a ocho meses», estima el fiscal, que cree sin embargo que el de los encubridores demorará más tiempo, consciente de que será «dificilísmo» demostrar el delito.
El hecho de que una persona «esté citada como encubridor no significa que esté condenada», advierte, antes de agregar otra dificultad: en Chile «no hay jurisprudencia o antecedentes que hablen de responsabilidad penal» en este tipo de delito.
No obstante, se ampara en una carta que el papa Francisco envió a los obispos chilenos en la que denuncia una «cultura del encubrimiento, del abuso sexual, de delitos» para sentar a la jerarquía en el banquillo.
En cuanto a la destrucción de pruebas que ha denunciado, espera que le «sirva más (de lo) que le perjudica» para demostrar la culpabilidad de los jerarcas, «en la medida que las víctimas vengan» a la Fiscalía y denuncien ante la justicia ordinaria.
Desde 1960, al menos, 158 obispos, sacerdotes y otros religiosos han sido o están siendo investigados por abusos sexuales en Chile, según el Ministerio Público que tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas menores y adolescentes.
Pero este número de víctimas, «difícil de cuantificar«, aumenta porque cada vez hay más personas que «se van acercando» a la Fiscalía para denunciar. El fiscal asegura que la mitad de los casos ya han prescrito, aunque investigarlos le ayudará «a precisar la conducta desplegada en el pasado» por la jerarquía eclesiástica para su investigación sobre encubrimiento.
Arias no cree que el caso chileno sea similar al de Pensilvania (Estados Unidos), donde una investigación identificó a más de 300 curas que abusaron sexualmente de más de 1.000 víctimas durante décadas, fueron encubiertos por las autoridades eclesiásticas».
«Esperemos que sea distinto porque acá las autoridades encargadas de la persecución penal pública hemos actuado» contra los autores, azuzados por el «empoderamiento» de las víctimas que han luchado contra viento y marea para que se juzgue a los culpables -algunas fueron recibidas por el papa en el Vaticano el pasado mes de mayo-, y «la fuerza de las organizaciones de laicos que se convirtieron en actores que son escuchados para tomar decisiones por parte de la autoridad pública».
«Todo ocurre en el lugar preciso y en el momento oportuno», se congratula. A ello, se suma el reclamo de la población que «quiere justicia, quiere investigación», sostiene.
(RD/AFP)
El obispado de Valparaíso suspende a otro cura investigado por abusos
El Obispado de Valparaíso informa a la comunidad eclesial que con fecha 16 de agosto del año 2018 se inició una Investigación Previa por presunto abuso sexual de menor contra el presbítero Carlos Morales Grandón ocurridos el año 1986.
Al sacerdote se le impusieron medidas cautelares, por lo que no puede realizar actos propios del ministerio sacerdotal y se le ordenó vivir en Valparaíso mientras dure la investigación.
Conforme a los lineamientos definidos por la Conferencia Episcopal de Chile y siguiendo las Líneas Guías y en el compromiso de colaborar siempre con la justicia, hemos solicitado al denunciante y ofrecido ayuda para ello, entregar los antecedentes al Ministerio Público acción que se comprometió a realizar el próximo lunes 20 de agosto del año en curso.
Cabe señalar que a dicho sacerdote se le inició una investigación canónica el año 2011 por la Provincia Chilena de la Orden de la Merced dado que el hecho que se le denunciaba había acontecido el año 1976 cuando el sacerdote era religioso mercedario. El juicio se presentó ante la Congregación para la Doctrina de la Fe en junio del año 2012. El decreto definitivo lo realiza el Obispado de Valparaíso el12 de agosto de 2012 ya que a esa fecha el sacerdote estaba incardinado en esta circunscripción eclesiástica. La sentencia dictaminó lo siguiente: «Si bien (los hechos) son graves, no configuran el delito sexual de menores.» En virtud de esa decisión el decreto emanado del Obispado de Valparaíso señala que se suspendió al sacerdote para el ejercicio del ministerio por cinco años desde el 12 de agosto del año 2012.
Nos unimos en oración para que renovemos nuestro compromiso cristiano de fortalecer comunidades sanas y seguras según nos enseña el Evangelio.
Valparaíso, 17 de agosto 2018
