La precariedad social, la discapacidad y la salud mental, incluso la tercera edad, cuando no están suficientemente protegidas socialmente obliga a las prisiones a realizar "funciones de suplencia" de los servicios públicos
(Francisco Javier García).- Como todos los años, la Pastorales Penitenciarias de la Región de Castilla-León y Asturias, nos hemos encontrado el último sábado del mes de enero para reflexionar sobre la realidad de las personas privadas de libertad. Esta vez, la realidad sobre la que nos hemos detenido ha sido «La cárcel y la exclusión social. La invisibilidad de las personas privadas de libertad».
En la reflexión nos ha ayudado Raquel Benito, abogada, profesora de derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid y responsable del Área Jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria.
En la reflexión nos hemos ido acercando a la invisibilidad de las personas en prisión tanto en el plano jurídico, como en el institucional y en el social.
Invisibilidad legal. Hemos visto cómo, la institución penitenciaria, lejos de cumplir con su finalidad fundamental, que no es otra que la reeducación y la reinserción de las personas privadas de libertad (art. 25.2 de la Constitución Española), apuesta fundamentalmente por la seguridad. Una solución fácil que termina generando violencia institucional y hacia la que la persona en privación de libertad termina respondiendo con la misma violencia. Un círculo de violencia.
Constatamos cómo, las opciones políticas que priman la seguridad sobre el tratamiento reeducativo, lejos de favorecer que la persona asuma su responsabilidad, lo que consiguen es lo contrario, que las personas presas terminen victimizándose y preocupándose únicamente de su supervivencia dentro de prisión. Esta realidad es invisible en la sociedad.
La invisibilidad institucional la descubrimos en la opción política por funcionarios de vigilancia en lugar de funcionarios de tratamiento (psicólogos, educadores, trabajadores sociales,…etc.). Así mismo, esta invisibilidad la vemos en la falta de formación en los profesionales, en los abogados y en la escasa valoración y sensibilidad por el derecho penitenciario en las universidades de derecho. Es la opción policía y social por la seguridad en lugar en lugar de la reeducación y la reinserción.
La invisibilidad social la descubrimos en el desconocimiento y la desinformación social relacionado con las prisiones: en esa idea generalizada de que en la prisión se vive bien; en esa idea equivocada e interesada que afirman que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra; en la falta de confianza en las personas y su capacidad para cambiar; en el miedo provocado por los Medios de Comunicación que suscita en la ciudadanía la generalización de meter a todos en el mismo saco y tener una postura de «tolerancia cero».
La invisibilidad social la palpamos en el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar y la vuelta silenciosa al asistencialismo. Sabemos, porque lo vemos, que hay una neta correlación entre exclusión social y control penal y que la precariedad social, la discapacidad y la salud mental, incluso la tercera edad, cuando no están suficientemente protegidas socialmente, y ello se va constatando en el cambio de perfil del preso que se viene produciendo desde hace unos años, obliga a las prisiones a realizar «funciones de suplencia» de los servicios públicos.
La realidad de las cárceles no gusta socialmente, y por eso las hemos construido lejos de las ciudades. A la vista de esta realidad nos preguntamos: ¿tendría hoy apoyo social un programa político que apostara económicamente, con proyectos, medios y profesionales por la reeducación y la reinserción? No. No lo tendría. Estaría condenado al fracaso pues una apuesta así no tiene réditos electorales.
Pero seguimos preguntándonos: ¿cómo hacer nosotros, aunque podamos poco, para que esta realidad sea visible, dentro y fuera de la cárcel? ¿Cómo, el voluntariado de la pastoral penitenciaria, no hemos de caer en hacerle el juego al Estado? Grandes preguntas a las que sólo podemos responder con pequeñas acciones que apenas cambian nada pero que cambian algo y apuntan en una dirección: una institución penitenciaria más humana, una sociedad más social, una Iglesia más evangélica y cercana al mundo de la exclusión. En ello estamos.