Aseguran que el obispo está poniendo en marcha una reestructuración económica "de espaldas a la diócesis, sin transparencia y sin criterio pastoral alguno"
(José M. Vidal).- Monseñor Munilla ha perdido 700.000 euros en valores del Banco Popular, ha generado un «agujero» de más de un millón de euros y pretende taparlo con la venta de pisos y una llamada «reestructuración patrimonial» que, de llevarse a cabo, sería «una burla a la Iglesia de Guipúzkoa. Éste es el núcleo de la denuncia que un numeroso grupo de curas, religiosos y laicos lanzan públicamente contra el obispo de la diócesis donostiarra.
Sube de tono y de escala el creciente disenso, al que viene haciendo frente el polémico monseñor Munilla, desde que fue nombrado obispo de San Sebastián. Hasta ahora, los puntos de fricción con el prelado de la diócesis vasca se circunscribían a temas de moral sexual (su denostada homofobia) o a temas pastorales, circunscritos más bien al ‘jardín’ eclesiástico.
Ahora, la denuncia afecta a la supervivencia económica de la diócesis entera y de sus organismos centrales. Por eso, los clérigos y los laicos más comprometidos salen a la palestra, para denunciar la situación, sus causas y sus consecuencias, con un documento que puede ser la «puntilla» eclesiástica del polémico obispo.
El documento de cuatro páginas comienza constatando la bancarrota en la que, según los denunciantes, monseñor Munilla ha sumido a la diócesis desde que, en 2010, tomó posesión de la misma. Cuando Juan María Uriarte es sucedido por José Ignacio Munilla, «nuestra diócesis contaba con fondos más que holgados, con un superávit que permitía afrontar el futuro sin problemas».
Si se generó, pues, un «agujero de más de un millón de euros al año», como reconoció el vicario general en el último consejo presbiteral, se debe a la mala gestión económica del obispo durante estos últimos 8 años.
Los denunciantes concretan las causas de este «agujero». En primer lugar, «parte del déficit del último ejercicio se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular«, explican. El resto hay que atribuírselo, según los datos del propio obispado, al mantenimiento del patrimonio: «Cada año estamos destinando más de 500.000 euros al patrimonio», explicaba, en el último consejo presbiteral, el vicario general de la diócesis.
Munilla y sus vicarios
Los firmantes del documento se quejan, asimismo, de que monseñor Munilla está actuando, en este ámbito como en otros muchos, «de espaldas a la diócesis». Y es que, en un tema tan delicado que «pone en riesgo del futuro de nuestra Iglesia diocesana», lo único que conocen los sacerdotes y los fieles es «un texto impreciso e improvisado, que se presentó como propuesta de reestructuración patrimonial» ante el Consejo Presbiteral de la diócesis.
Para paliar el déficit, en ese texto se propone, en síntesis, trasladar los servicios de la diócesis y a los sacerdotes jubilados al seminario, asi como trasladar también al obispo «a una vivienda y un despacho habilitados en el interior del edificio de la catedral». También sugieren vender la casa de espiritualidad Vila Gentza, «alquilar la última planta del seminario» y la venta de una serie de pisos que la diócesis posee en el centro del caso urbano de la ciudad.
Los firmantes de la denuncia tachan la propuesta de «ligera y trivial», porque «ni siquiera ofrece un informe sobre sus ventajas e inconvenientes» ni «se presenta la más mínima aproximación presupuestaria a los costos de toda esta operación o a los ingresos que se prevén en la nueva situación patrimonial».
Le reprochan, asimismo, a la propuesta de reestructuración diocesana que, amén de pretender «resolver una grave déficit de origen no aclarado», lo que va a conseguir, de inmediato, es hacer «desaparecer de la ciudad un patrimonio emblemático».
Y, además, sin «criterio pastoral alguno». Porque, al hacerlo, «se alejan del centro de la ciudad los servicios más importantes de la diócesis, se hace más difícil el acceso y, por lo tanto, la acogida y la atención a las personas».
Ante esta situación crítica, piden, en primer lugar, «una información veraz y transparente sobre la venta de diversas viviendas en le centro de la ciudad», asi como «una auditoría externa que aclare la situación».
En segunda lugar, quieren dejar claro que el patrimonio que se quiere enajenar o reestructurar «no es del obispado actual ni de los obispados que le seguirán, sino de la Iglesia diocesana». Más aún, en el caso concreto de San Sebastián, al ser una diócesis creada en 1950, «el patrimonio es más bien modesto» y ha ido creciendo «gracias a la contribución y el sacrificio de generaciones cristianas que todavía viven entre nosotros».
Por todo ello, los firmantes concluyen asegurando que una decisión «de tanta importancia y relevancia y también de tanto riesgo para el futuro de nuestra Iglesia de Guipúzkoa» debe hacerse con total transparencia y debe ser no sólo jurídicamente válida sino legítima. De lo contrario, «sería sencillamente una burla a la Iglesia de Guipúzkoa, suplantándola e ignorándola».
Texto íntegro del documento
NO A ESPALDAS DE LA DIÓCESIS
Los presbíteros, mujeres y hombres laicos (miembros de los Consejos pastorales, Comisiones económicas parroquiales y agentes de pastoral) y religiosos que firmamos este documento, lo hacemos alertados por algunos miembros del Consejo Presbiteral y urgidos solo por nuestro amor a la Iglesia de Gipuzkoa. Nuestro objetivo es concienciar a nuestra Diócesis ante el riesgo de que los actuales responsables diocesanos acometan una «reestructuración patrimonial» que, de llevarse a cabo, dañaría gravemente los servicios centrales (Curia diocesana, Obispado) que toda Diócesis ha de cuidar con esmero para responder a diferentes cuestiones de carácter pastoral, evangelizador y organizativo.
1.- Un «agujero» de más de un millón de euros al año
Según el escrito leído por el Vicario General ante el último Consejo Presbiteral (22 de febrero de 2018), los responsables de la Diócesis están decididos a emprender una reestructuración de gran envergadura del patrimonio del Obispado, justificando su necesidad urgente con estas palabras: «Llevamos varios años cargando con un agujero de un millón de euros para arriba cada año». En ningún momento se presenta el balance de situación del Obispado, único instrumento para poder comprobar las causas que han podido originar este «agujero».
Solo se indica que «uno de los apartados que originan este agujero es el mantenimiento del patrimonio; cada año estamos destinando más de 500.000 euros al patrimonio». Pero tampoco se dice en ningún momento en qué clase de patrimonio se gasta este dinero.
Por otra parte, según el testimonio de los sacerdotes que asistieron al Consejo Presbiteral, el Vicario General, al presentar el escrito, comentó que parte del déficit de último ejercicio se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular. Un dato realmente preocupante. Además, si se excluye esta pérdida coyuntural, el déficit real sería entonces de 500.000 euros y habría que saber qué es lo que ha hecho que haya bajado nada menos que un cincuenta por ciento respecto al año anterior: ¿cuál es el dato realmente verdadero: el del año anterior, el actual o ninguno de los dos?
2.- Necesidad de transparencia
A esta falta de transparencia que impide a la Diócesis conocer desde qué años y a qué causas se debe este «agujero», se ha de añadir otro hecho que hace todavía más exigible la necesidad de claridad absoluta. Nos consta que, al finalizar el servicio episcopal de Mons. Uriarte para dar paso a D. José Ignacio Munilla, nuestra Diócesis contaba con fondos más que holgados, con un superávit que permitía afrontar el futuro sin problemas. Si la citada «reestructuración del patrimonio» se emprende para resolver el problema que genera este grave «agujero» del déficit actual, la Diócesis tiene el derecho a saber con absoluta transparencia qué es lo que ha sucedido estos últimos años en la administración de la economía diocesana.
En este sentido, nos vemos obligados a pedir que se realice una auditoría externa que aclare la situación. Además, pedimos una información veraz y transparente sobre la venta de diversas viviendas en el centro de la ciudad, así como de las viviendas cuya venta pueda estar en curso.
3.- Un texto impreciso e improvisado, que se presenta como propuesta de reestructuración patrimonial
La «propuesta» que se presentó en el Consejo Presbiteral se puede resumir así: los servicios de la Curia diocesana, actualmente en los siete pisos de Zabaleta 5, «bien podrían trasladarse al Seminario»; los pisos de Urdaneta 10 quedarán desocupados: los sacerdotes jubilados subirán dentro de unos meses al Seminario; la residencia actual del Obispo «podría trasladarse a una vivienda y un despacho habilitados en el interior del edificio de la catedral»; se menciona Villa «Gentza» para decir que tiene una ocupación que «no justifica los gastos que origina su mantenimiento»; se piensa alquilar en el Seminario «toda la bajocubierta».
Resulta sorprendente observar que en ningún momento se ofrece un informe sobre las ventajas e inconvenientes de todo tipo que puede tener esta nueva configuración. Tampoco se presenta ni la más mínima aproximación presupuestaria a los costos de toda esta operación o a los ingresos que se prevén en la nueva situación patrimonial. Sin embargo, esta información resulta del todo necesaria para comenzar a pensar con realismo sobre una reestructuración de semejante envergadura.
4.- Ligereza y trivialidad
Por eso, es preocupante que el Obispado, a pesar de la indefinición actual del proyecto y antes de presentarlo al Consejo Presbiteral, haya dado algunos pasos como el contacto con el alcalde de San Sebastián; el inicio de negociaciones para alquilar la última planta del Seminario; el diseño de planos para el uso de espacios del Seminario… ¿A qué se debe esta actuación tan poco ponderada e incluso tan precipitada?
5.- Sin criterio pastoral alguno
Lo más grave es, sin duda, ver que toda esta reestructuración se pretende acometer para resolver un grave déficit de origen no aclarado hasta el momento, sin tener en cuenta en ningún momento algún criterio pastoral que busque mejorar los servicios centrales de la Curia diocesana y la acogida desde el Obispado.
Al contrario, desaparece de la ciudad un patrimonio emblemático que, desde la creación de nuestra Diócesis, ha sido punto de referencia como la casa de la Diócesis para todos. Se alejan del centro de la ciudad los servicios más importantes de la Diócesis, se hace más difícil el acceso y, por tanto, la acogida y la atención a las personas que necesitan acudir, sea por un simple certificado, con ocasión de algún problema matrimonial, por asuntos económicos o cuestiones parroquiales, para planteamientos pastorales o para visitar al Vicario General o al Obispo.
Esto significa que nadie piensa realmente en el futuro de nuestra Diócesis, pues toda esta reestructuración se está planificando en unos tiempos en que la Iglesia de Gipuzkoa deberá cuidar cada vez más su presencia visible en medio de la sociedad, su cercanía y su acogida a toda clase de gentes creyentes o no creyentes.
6- Ningún paso adelante de espaldas a la Diócesis
Para terminar, queremos recordar que, aunque en la presentación de esta «propuesta» se habla continuamente del «Patrimonio del Obispado», en realidad ese Patrimonio no es del Obispado actual ni de los Obispados que le seguirán, sino de la Iglesia diocesana. Más aún. En nuestro caso, concretamente, como en todas la Diócesis de reciente creación, el patrimonio es más bien modesto y ha ido creciendo a partir de 1950 gracias a la contribución y el sacrificio de generaciones cristianas que todavía viven entre nosotros.
Por eso, la toma de decisiones de tanta importancia y relevancia, y también de tanto riesgo para el futuro de nuestra Iglesia de Gipuzkoa, no se debe llevar a cabo de espaldas a la Diócesis. No basta que «una fundación creada con las finalidades de administrar las rentas de los bienes patrimoniales» -de la que no conocemos su naturaleza ni su composición-, ni basta tampoco que el Colegio de Consultores, compuesto únicamente por el entorno del Obispo, de por bueno el plan. Sería jurídicamente válido, pero no legítimo. Sería sencillamente una burla a la Iglesia de Gipuzkoa, suplantándola e ignorándola.
