¿De qué medidas habrá que servirse, y qué "teclas habrá que tocar", para que don Braulio decida con humildad y sensibilidad ceder sus "derechos" canónicos a las diócesis extremeñas?
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(Antonio Aradillas).- Se inician en la provincia eclesiástica de Extremadura unas celebraciones de singular importancia para sus tres diócesis y sus diocesanos, sin exclusión de quienes de alguna manera, y por motivos cívicos o políticos, se identifican con los valores y las carencias de su Comunidad Autónoma, desde cualquiera de sus variadas perspectivas, conocimientos y amores. Las celebraciones responden al hecho de los 25 años -«bodas de plata»- transcurridos, desde que, gracias a los buenos oficios pastorales, el benemérito Mons. don Antonio Montero, se estableció la creación-recuperación del arzobispado romano-visigodo de «Emérita Augusta», con la nueva denominación de «Mérida-Badajoz» y, a la vez, la formación de la provincia eclesiástica con capitalidad en la que lo fuera de la Lusitania, coincidente con los límites administrativos de la Comunidad Autónoma de su nombre.
Ya en los documentos y edictos, hay referencia expresa de que el fin principal era también, entre otros, el de forjar al máximo la idea religiosa, -también política- de Extremadura, la más pobre -empobrecida- de las 17 Comunidades Autónomas que constitucionalmente configuran el Estado Español. La reivindicación, seria y determinante, de que La Puebla de Guadalupe, santuario y monasterio, -Patrimonio de la Humanidad por más señas-, de la diócesis «primada» de Toledo, se integre, con sus 31 pueblos, en la recién creada provincia eclesiástica extremeña, y no haberse aún dado paso alguno en tal dirección y propósito, justifican muy cumplidamente estas reiteradas reflexiones, a las que además de las correspondientes dosis de asombro canónico, nada religioso, hay que añadírseles otras circunstancias.
Urge destacar que los tres obispos que se hallan al frente de las respectivas diócesis extremeñas en la actualidad, se han pronunciado, por activa y por pasiva y sin fisura alguna, acerca de la conveniencia-necesidad de la integración de Guadalupe en Extremadura, como su signo preclaro y único. La discreta y respetuosa intervención de las autoridades políticas, en todo su espectro, fue y es realmente ejemplar en la misma dirección, hasta haberlo así proclamado oficialmente desde la misma presidencia del gobierno regional.
Urge destacar que la única y determinante dificultad que se encuentra para coronar tantas y tan reiteradas aspiraciones es la procedente de la otrora «sagrada y todopoderosa» voluntad de don Braulio, hoy arzobispo de Toledo. Además de rehuir positivamente dialogar sobre el tema, limitándose a predicar falazmente que la decisión depende de Roma, y no querer hacerlo ni con sus «primos-hermanos en el episcopado de Extremadura», se niega hacerlo con la directiva de «Guadalupex», ejemplar asociación constituida por laicos, precisamente en apoyo de la referida lógica reivindicación.
En unos tiempos en los que se tiene mayor y más cristiana conciencia de que el diálogo es Iglesia, y que sin él, ella está condenada a la desaparición, si su jerarquía y el pueblo no dialogan entre sí, con los demás y con Dios. el espectáculo que personaliza y enarca pontificalmente don Braulio no puede ser más penoso y desejemplarizante, no homologable con otros comportamientos cívicos.
En las esferas civiles, sociales, económicas, a veces también en las políticas, como entre partidos de signo, colores y eslóganes diversos y hasta enfrentados -nacionales e internacionales-, el hallazgo de una persona antidialogante, y más «por ser Vos quien sois», con báculo y mitra y decrépitos y palaciegos títulos feudales, se convierte en un ser extemporáneo, «impropio del tiempo, inoportuno e inconveniente», tal y como reza la RAE.
Ante tal actitud, además de rezar y «penitenciarse», ¿qué les queda por hacer ya a los «guadalupexinos», a los extremeños en general, con inclusión reverencial para sus obispos y sacerdotes, a las instituciones cívicas y políticas constitucionales preteridas por la «autoridad» eclesiástica vaticana, hasta hacerles pensar a muchos que también «en el nombre de Dios» se está contribuyendo a que Extremadura detente el «honor» de hallarse a perpetuidad a la cola de los índices de desarrollo del resto de España?
¿De qué medidas habrá que servirse, y qué «teclas habrá que tocar», civilizada y cristianamente, para que don Braulio -definido en este caso por caprichos jerárquicos y por la condición de «joya» de la corona arzobispal de Guadalupe-, decida con humildad y sensibilidad ceder sus «derechos» canónicos a las diócesis extremeñas? ¿No podría aceptarse como solución civilizada premiar la hipotética generosidad de su «donación», y hasta su excepcional devoción a la Virgen, gestionándosele el título de «emérito y adoptivo exarzobispo de Guadalupe»?
El ejemplo dado, en caso similar al extremeño, por la Comunidad Autónoma de Aragón, reivindicando los tesoros artísticos del monasterio de Villanueva de Sijena, depositados en el museo catalán de Lérida, podría iluminar y espolear los pasos en este camino, con previo rechazo de la tentación de tener que creerse que «Aragón es Aragón y Extremadura es Extremadura».
Como anticipo de otra clase de iniciativas sonoras, sugiero que en una fecha -o fechas-, y a determinada hora, con la anuencia también de las autoridades municipales -por lo de los decibelios-, todas las campanas de las catedrales y templos de Extremadura se echen a volar reclamando con su sacrosanto tañido de percusión la necesidad imperiosa de que la patrona -civil y canónica- de Extremadura pierda de una santa vez su condición de exiliada en tierras castellano-manchegas de Toledo, y se avecine en Extremadura, de donde con énfasis y patrióticamente, se llega a decir que «nacieron los «dioses» que conquistaron y evangelizaron América».
