El decreto es nulo de pleno derecho en tanto que la única persona física facultada para representar legalmente a una parroquia es el párroco legítimamente nombrado, que ha tomado posesión de la parroquia
(José Manuel Vidal).- En tiempos del Papa Francisco, que urge constantemente a sus obispos a ser servidores y no príncipes, hay algunos prelados españoles que siguen actuando en sus diócesis como si fuesen feudos señoriales y tratan a sus curas, imprescindibles colaboradores, como si fuesen sus súbditos. Uno de ellos es el titular de la diócesis de Cádiz, Rafael Zornoza. De ahí que proliferen las críticas contra él, tanto por parte de los fieles como de sus propios sacerdotes.
Y es que los curas de Cádiz están que trinan contra su obispo. No todos, porque el prelado castellano se ha rodeado de una claque de amigos, que aplauden todas sus decisiones, por muy disparatadas que sean. Pero la mayoría sufría en silencio los desplantes de su obispo, hasta que éste ha dado una vuelta de tuerca más al control de los curas.
El prelado ha pasado del control ideológico (los únicos considerados y con cargos en la diócesis son los amigos del obispo y los más conservadores o los que se hacen pasar por tales) al control dinerario puro y duro.
Para poder regir su diócesis como una sucursal de una multinacional, Rafael Zornoza ha dado plenos poderes al ecónomo diocesano, Antonio Diufaín. En efecto, con un decreto, fechado el pasado mes de mayo (al que ha tenido acceso RD), el prelado faculta a su ‘alter ego’ económico a recabar «toda la información relativa a los productos financieros, pólizas de crédito y préstamos concertados, acciones, bonos obligaciones y cuentas corrientes -sus saldos y movimientos-, que sean de titularidad de todas las parroquias de esta diócesis».
Es decir, el decreto episcopal empodera al ecónomo diocesano, pone en marcha el control y la fiscalización absoluta de los dineros de todos los curas de la diócesis y, por lo tanto, escenifica la falta de confianza del obispos en ellos y generaliza la cultura de la sospecha en la sede gatitana.
Asustados por el órdago económico del obispo, siempre miedosos por las temidas y frecuentes represalias del prelado y encapsulados en el silencio cómplice, muchos curas están indignados. Pero no se atreven a dar la cara públicamente. Ni siquiera para apoyar al canónigo y párroco de Conil, Rafael Vez, el primero que se atrevió a denunciar los manejos económicos de los dos amos del cortijo diocesano.
Ante la pasividad clerical, disfrazada de prudencia, por el decreto del obispo, el ecónomo, Antonio Diufaín, se ha puesto manos a la obra y está enviando cartas a los bancos, solicitando información económica de los saldos, posiciones, movimientos y cuentas corrientes de todas las parroquias de Cádiz.
Los canonistas se hacen cruces ante el decreto episcopal y su activación por parte del ecónomo diocesano, pero guardan silencio. El único que ha querido hablar con RD ha sido Antonio Berbel, canonista de prestigio y presidente del bufete ‘Abogados Rotales‘, especializado en ofrecer servicios legales dentro del ámbito canónico en todo el país.
Y su opinión no puede ser más clara y contundente al respecto:
«El obispo diocesano y el ecónomo no son titulares ni apoderados de las cuentas corrientes de las parroquias, por lo que están poniendo en riesgo a los empleados de banca de cometer un delito de revelación de secretos, además de que podrían ser denunciados ante la Agencia Española de Protección de Datos».
Y Antonio Berbel añade: «El decreto también podría constituir un acto de prevaricación por parte del obispo, de quien se presume que tiene un mínimo conocimiento del Derecho».
Por lo tanto, según el abogado y canonista gaditano, Rafael Zornoza «no tiene derecho a acceder a los datos bancarios de las parroquias, porque no es su representante legal y, por tanto, al carecer de esa facultad, no puede delegar en otra persona (el Ecónomo Diocesano) para que lo haga».
Más aún, «las entidades bancarias tienen implementados varios niveles de seguridad para la protección de datos. En el sector bancario impera la confidencialidad y el secreto de forma muy estricta. El Decreto del obispo es contrario a las normas del secreto bancario y la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes, al considerar que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquiera podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona».
Antonio García Berbel
Según el experto, el decreto de monseñor Zornoza no sólo es inviable desde la perspectiva civil y penal, sino también desde la canónica. A su juicio y según el Derecho canónico, que rige en la Iglesia católica, «el decreto es nulo de pleno derecho en tanto que la única persona física facultada para representar legalmente a una parroquia es el párroco legítimamente nombrado, que ha tomado posesión de la parroquia. Sólo el párroco, en nombre de la parroquia y como su representante legal, está facultado para solicitar información económica de la parroquia a las entidades bancarias».
Sentadas estas premisas, Antonio Berbel aporta una serie de conclusiones contundentes. En primer lugar afirma que «el decreto del obispo es nulo de pleno derecho canónica y civilmente». En segundo lugar, asegura que monseñor Zornoza «no tiene competencia para legislar sobre lo que dispone en el decreto, por tanto, es un acto de prevaricación patente y notorio, realizado por una autoridad a quien se le presume un profundo conocimiento del Derecho».
En tercer lugar «el obispo no tiene derecho de acceso a la información de los datos bancarios de las parroquias» y, además, «el empleado de banca que transmitiera al obispo o al ecónomo diocesano información bancaria sobre una Parroquia, estaría cometiendo un delito de revelación de secretos castigado en el art. 197 del Código Penal».
A pesar de atentar, según los expertos, contra el derecho civil, penal y canónico, monseñor Zornoza, en otra clara muestra de su talante de ‘abispo-amo-dueño-y-señor’ no rectifica ni da marcha atrás. Más aún, pretende facilitar la encomienda inquisitorial de su ecónomo, removiendo al vicario judicial y a otro sacerdote de la comisión de Asuntos Económicos, porque, según cuenta un grupo de curas, «eran los únicos que defendían a los sacerdotes de las actuaciones del ecónomo».
Este mismo grupo de curas, que denuncian las tropelías del tándem Zornoza-Diufaín y piden conservar el anonimato, aseguran que esta medida es «una clara muestra de desconfianza del obispo en sus sacerdotes, dado que éstos ya vienen presentando las cuentas al obispado anualmente».
Preguntados por las razones de esta decisión del titular de Cádiz, inédita en la Iglesia española, el grupo de curas ‘rebelde’ avanza algunas hipótesis. La primera, está relacionada con los cementerios.
«Estamos seguros que lo que hay detrás es quitar a las parroquias, que aún lo tienen (sólo quedan tres), la gestión de los cementerios. Desconocen que en los pueblos hay una sinergia y una profunda simbiosis entre la vida pastoral y el mundo de la muerte. Todo se gestiona desde la parroquia. La gente no entiende de separación de funciones. El párroco que nos bautizó, nos dio la comunión, nos casó y bautizó a los nuestros, es el mismo responsable de nuestro descanso en el cementerio», argumentan
Y añaden:
«Obispo y ecónomo desconocen que un cementerio parroquial, lejos de ser una empresa que genera dinero, es algo familiar. ¿Cuántos sacerdotes tuvieron que abandonar sus parroquias, al venirse abajo los cementerios por las lluvias y la falta de cuidado? ¿Cuántos fueron desterrados, cuando el dinero de los cementerios fue retirado por el mismo obispado, con la consiguiente falta de mantenimiento, que provocó la caída de nichos y muros? ¿Cuántos compañeros sufrieron el desprecio de sus pueblos, al saber que el dinero de los cementerios había desaparecido en manos del obispado?»
Además, este grupo de curas cuestiona la gestión económica del obispo Zornoza y de su equipo. «Al llegar a Cádiz, dijeron que la diócesis estaba en la ruina, pero pagaron a tocateja una deuda de dos millones de euros de las obras de la parroquia del Novo Sancti Petri, incorporaron a un número grande de personal, con sueldo elevados, amén de haber perdido todos los juicios que han tenido con los trabajadores a los que han ido despidiendo en el Obispado, en Cáritas y el algunas parroquias, debiendo indemnizar a todos».
Por último, los sacerdotes concluyen su alegato con una serie encadenada de preguntas dirigidas al obispo y a la curia diocesana:
«Crearon la Fundación Educatio Servanda Cádiz con un dinero (30.000 euros) que sacaron de una fundación dedicada a obras de caridad. Y han ido dando dinero a la citada Fundación de las arcas del Obispado. ¿Lo han justificado?
¿Podrían explicar el dinero que destinan a viajes, traslados, tarjetas de gasolina y otros, de determinados miembros del obispado, y personas que trabajan en ‘determinadas delegaciones’?
¿Podrían explicar por qué han cambiado la titularidad de los pisos pertenecientes al obispado, vendiéndolos a las distintas fundaciones de las que el obispo o el Administrador son patrones?
¿Podrían explicar las donaciones al Obispado exigidas por decreto episcopal realizadas por los párrocos de Vejer y Medina de las tierras que eran propiedad de las parroquias y que fueron donadas a éstas?
¿Podrían explicar el cambio de titularidad de esas tierras?
¿Podrían explicar por qué la gestión de los cementerios parroquiales de Vejer, Benalup o Facinas, ha sido quitada a las respectivas parroquias?
¿Podrían explicar el cambio de titularidad de la sede del obispado a favor del mismo obispado, cuando pertenecía a una fundación de caridad, y los contactos que se están haciendo con empresas hoteleras, para vendérsela?»
