Cardenal Carlos Amigo Vallejo.-Ante una posible y nueva legislación acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, y las nefastas consecuencias que de esa ley se van a derivar, hay que ponerse en guardia ante el deterioro que va a sufrir la valoración de la persona y de la misma sociedad. Hay que decir claramente que no se puede conculcar un derecho tan fundamental como es el de la vida, también del que ya ha sido engendrado, aunque todavía no haya visto la luz. Las disposiciones que se avecinan hacen regresar a la ley de los más fuertes, que agravan los problemas sin resolverlos, que en lugar de buscar soluciones adecuadas se pretenda eliminar a quien está en camino de poder vivir como persona.

Estamos ante un grave atentado a la igualdad y una claudicación del principio de protección al más indefenso. ¿A quién interesa la interrupción del embarazo? Desde luego, no a quien va a nacer, que será la víctima inocente del aborto. Es decir, de la muerte. Han decidido por él, le han robado el derecho a vivir y tiene que pagar los errores que otros cometieron. Si la madre hizo con su cuerpo lo que quiso, ahora es su hijo quien paga las consecuencias. Lo quieran o no, van a ser padres, aunque en este caso de un hijo muerto.

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