En el momento en que el Parlamento apruebe la reforma de la Ley del Aborto, y ésta sea sancionada por el Rey, los políticos católicos que hayan votado a favor de la misma se encontrarán en situación de "pecado mortal público", según las amenazas vertidas el pasado miércoles por el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

Tras las duras palabras de Camino, no fueron pocos los que elevaron la mirada al monarca. Incluso, en algunos foros ultracatólicos, se recordaba la condición de "rey católico" de Juan Carlos I para exigir al Jefe de Estado que no sancionase una ley que la Iglesia compara con el Holocausto.

Se llegó a recordar una carta escrita en 1983 por el reaccionario obispo José Guerra Campos en la que apelaba a la catolicidad del monarca y exigía que no firmase la actual Ley del Aborto. Su postura, todo hay que decirlo, fue residual incluso en aquella época, pues el Episcopado en pleno acordó "no mezclar al Rey" en este tipo de asuntos.

Pese a todo, la presión ejercida en su día hizo que don Juan Carlos elevara consultas a la Santa Sede, que entendió que el ordenamiento jurídico español no hace responsable al Rey de las leyes emanadas por el Parlamento, que es donde reside la soberanía en una monarquía parlamentaria. Algo que deberían conocer los obispos antes de dejar que sus palabras fueran interpretadas, de modo torticero, por algunos guardianes de la ortodoxia.

Silencio episcopal
La propia Conferencia Episcopal decidió ayer guardar silencio respecto a esta cuestión. En privado, no obstante, diversas fuentes aseguraron que "no sería de recibo" traer a colación la moralidad del Rey, que en estos casos actúa como el mayor funcionario del Estado. La Iglesia, pues, no quiere mezclar al Rey, pero sí comprometer a los políticos católicos.

De hecho, expertos en Derecho Constitucional consultados por RD afirman que, en virtud de la Constitución, el Rey no tiene posibilidad de no sancionar una ley emanada del Parlamento, dejando claro que "eso no compromete su condición de católico", ni sus posiciones personales, que el propio monarca siempre se ha cuidado de preservar en público.

Juan Carlos I, en definitiva, carece de responsabilidad en la sanción de las leyes. La Carta Magna no le otorga la posibilidad ni tan siquiera de mostrar un desacuerdo y negarse a sancionar una ley, lo cual supondría un incumplimiento de sus deberes constitucionales. "En su día, los padres de la Constitución pusieron especial énfasis en que no existieran problemas morales para la actuación del Rey", insisten dichas fuentes.

"No es posible un caso Balduino"
"No es posible un caso Balduino en España", aseguraron los expertos, recordando la situación vivida en marzo de 1990 en Bélgica, cuando el rey se negó a firmar la Ley del Aborto en aquel país, llegando a abdicar durante 36 horas. "De hecho, después de esto, Bélgica cambió su Constitución", dándole una forma muy similar a la que rige en España.

Según nuestra Constitución, en su artículo 64, todos los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno, que en la práctica es la máxima autoridad legislativa. La sanción de la ley del Aborto, o de cualquier normativa, "es un mero trámite formal, como de dar fe que se tramita la ley, pero sin precisar su consentimiento u opinión".

Además, el artículo 91 de la Carta Magna señala que el Rey "sanciona las leyes", pero "no tiene criterio, opinión ni responsabilidad sobre ellas", afirman los expertos, que también recuerdan que, en virtud del artículo 9.1, Juan Carlos I "no se puede negar. No puede hacer lo que hizo Balduino".