La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, continuó con la estrategia iniciada ayer por el presidente Zapatero, y rebajó la tensión producida tras la aprobación, el pasado miércoles, de una iniciativa parlamentaria para instar al Ejecutivo a la retirada de los símbolos religiosos. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega anunció que dicha cuestión se abordará en la futura Ley de Libertad Religiosa, "teniendo en cuenta la laicidad que la Constitución otorga al Estado" y en el reconocimiento y protección "de los derechos de todos".

"Estamos trabajando en el borrador del anteproyecto, no tengo fecha exacta para presentarla, pero cumpliremos nuestro compromiso", añadió De la Vega, quien justificó la revisión de la legislación actual en el pluralismo religioso y apuntó que se basará en la laicidad que la Constitución otorga al Estado y en el reconocimiento y protección de los derechos de todos.

Finalmente, dijo que el Gobierno está estudiando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dictó la retirada de un crucifijo de un colegio público en Italia y reiteró que la próxima ley estará "de acuerdo con los principios constitucionales y con el Tribunal de Estrasburgo y con la doctrina del Tribunal Constitucional".

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, tildó de "absurdo" el debate generado entorno a la retirada de crucifijos de los colegios, ya que a su parecer de lo que habría que hablar ahora "es de las personas que han perdido su puesto de trabajo, de las personas que tienen miedo a perderlo, del funcionamiento de la sanidad pública, de las que cosas que le importa" a los ciudadanos.

Rajoy, en la rueda de prensa que ofreció tras un encuentro con el presidente canario, Paulino Rivero, incidió en que a él nadie le plantea por la calle dicho debate. "Este debate de los crucifijos a mi nadie me lo plantea por la calle", apuntilló.

Asimismo, indicó que "el Gobierno está para gobernar pero no para meterse en asuntos que son propios de los padres, de la madre y de la sociedad". En este sentido, señaló que se trata de un tema que habría que "quitarlo de la opinión pública".

En cuanto al hecho de que se haya votado en el Congreso de los Diputados aseguró que es "ridículo", ya que puso en duda que la Cámara baja tenga capacidad para decidir sobre si se debe o no poner un crucifijo en un centro educativo. "Yo no creo que el Congreso de los Diputados tenga capacidad para decirle a la gente lo que tiene que poner en un colegio y, mucho menos, en casa", apostilló.

Finalmente, dijo que "nunca" hay problema sobre esta cuestión y cuando se han producido "sale en todos los periódicos, aparece en un colegio o en dos" e incidió en que "la historia, la cultura, la tradición española es que haya un crucifijo", por lo que consideró que no cree que sea el Gobierno el que "debe decir si tiene que haber un crucifijo o no".