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El pago del IBI a la Iglesia católica por las actividades (no litúrgicas o pastorales) de algunas de sus propiedades continúa estando a la orden del día. Mientras el Gobierno ultima un anteproyecto de Ley de Mecenazgo y otras voces apuntan la necesidad de modificar la Ley de Haciendas Locales, para dar a las corporaciones capacidad legal para cobrar determinados impuestos, otros recuerdan que las exenciones a la Iglesia no suponen un privilegio, sino un reconocimiento de su labor social y comunitaria, al igual que .

«No es un privilegio, es una exención», remarcó ayer el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien recordó la necesidad de exenciones para aquellos que hacen el bien común. "Hay otras agrupaciones o instituciones al servicio del bien común y sin ánimo de lucro. Es ahí donde entra la Iglesia".

Blázquez ha sido conciliador en este sentido, al remarcar que «somos miembros de una misma sociedad, en situaciones de bonanza, pero también en las de crisis», en su empeño por arrimar el hombro y no escurrir el bulto.

No obstante, desde las administraciones públicas, se ha obviado la labor social que también acomete la Iglesia católica, a partir de sus centros de Cáritas, al que cada día llegan cada vez más ciudadanos, el alquiler a bajo o nulo coste de muchos de sus inmuebles o la cesión de salones parroquiales a comunidades de vecinos de manera altruista, entre otras prácticas comunes.

Por otro lado, los sindicatos murcianos contestaron a las declaraciones del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, quien incidió en que "la Iglesia tiene esta oportunidad de ejercer su ministerio y ejercer también el servicio público a los demás y participa exactamente de los mismos privilegios que los sindicatos, los cuarteles de la Guardia Civil, entre otros. Son realidades de servicio a la comunidad".

En este sentido, el portavoz del PSOE, Pedro López apuntó que «es algo que debiera de revisarse ante la actual situación de mucha dificultad económica donde todos los ciudadanos se tienen que apretar el cinturón».

CCOO aseguró, a través de un comunicado, que abona «religiosamente» el IBI, por lo que pidió que «se acaben con las lagunas fiscales y el trato especialmente favorable que recibe la Iglesia», exigiendo igualmente del Obispado «una rectificación en las declaraciones efectuadas». Al respecto de las declaraciones de Lorca Planes, CCOO expresó su «estupefacción» ante las declaraciones del Obispo, ya que CCOO «abona religiosamente el IBI de todos los bienes inmuebles de su propiedad como el resto de organizaciones sociales y ciudadanas». El sindicato aseguró que «no es posible justificar la exención en base a las labores sociales y solidarias que muchas de ellas desarrollan».

(RD/Agencias)