El magistrado únicamente se ve forzado a aplicar la prescripción al considerar que ésta es de "obligado cumplimiento si concurren sus plazos y requisitos legales"
(J. Bastante/Agencias).- Las acusaciones de «Daniel» (víctima de abusos sexuales) y particular, a cargo de PRODENI, recurrirán el auto del juez Moreno en el que declara prescritos «por imperativo legal» los delitos de once de los doce miembros del «clan de los Romanones», al considerar «suficientemente probados» los hechos y estar «convencidos» de que los mismos no han agotado la vía judicial.
El letrado Jorge Aguilera, abogado de Daniel, el primero de los jovenes que denunció los abusos, ha anunciado que estudiarán recurrir el auto, en el que, en su opinión, se demuestra la viabilidad de la denuncia. «A pesar de todo, el auto supone un espaldarazo», apuntó el letrado, pues «considera que los hechos cuentan con pruebas suficientes«. Del mismo modo, Aguilera recuerda que los hechos por los que se mantiene imputado al padre Román son los mismos que para el resto.
Por su parte, el presidente de PRODENI, Juan Pedro Oliver, anunció recurso, al tiempo que reclamó a los legisladores que incrementen, de cara al futuro, los plazos de prescripción en los casos de abusos a menores. «Abusar de un niño es matarlo en vida, debería tener una prescripción como la de un homicidio o asesinato, así de claro», declaró Oliver.
Desde PRODENI, informa Efe, están «convencidos» de la viabilidad de juzgar a los doce imputados iniciales. «Vamos a mantener nuestra postura y recurrir porque honestamente pensamos que la interpretación de los hechos que ya presentamos es correcta y factible», ha apuntado Oliver.
Ha detallado que estudian «en profundidad» el auto, que respetan pero no comparten, y ha adelantado que agotarán todas las instancias necesarias para que no se consideren prescritos los delitos.
Argumentan para negar la prescripción que los hechos se produjeron con las circunstancias modificativas de intimidación y de manera continuada, por lo que las penas superarían el límite legal para mantener la investigación judicial.
Prodeni ya comunicó al Juzgado de Instrucción 4 que se encarga de la causa que considera que los hechos pueden calificarse «no sólo como abuso sexual, sino también como verdaderas agresiones sexuales«, a lo que añadió que «incluso podrían reunir entidad suficiente como para ser considerados un delito de violación«.
El propio auto, de 16 folios, señala que «no ha lugar» a el archivo de la causa «en cuanto al fondo de los hechos», como reclamaba la defensa, sin perjuicio de la aplicación expuesta de la prescripción, ya que «no supone la declaración de inexistencia de pruebas de indicios de comisión«. El magistrado únicamente se ve forzado a aplicar la prescripción al considerar que ésta es de «obligado cumplimiento si concurren sus plazos y requisitos legales».
«Distintos serían los reproches morales, religiosos, éticos o sociales a las conductas objeto de este procedimiento que no corresponde hacer al órgano judicial«, añade el juez en su auto.
Por su parte, el Arzobispado de Granada ha admitido que los supuestos abusos sexuales a menores cometidos presuntamente por parte de un grupo de sacerdotes están siendo ya investigados desde el propio Vaticano y ha expresado su respeto ante la última decisión adoptada por el juzgado que instruye la causa judicial.
Finalmente, el abogado que representa a los sacerdotes, Javier Muriel, ha considerado que esta decisión debería haber sido adoptada «antes» teniendo en cuenta la trascendencia mediática que ha tenido este asunto.
El letrado, Javier Muriel, ha mantenido además que el único imputado que deja el juez, el padre Román M.V.C., considerado el líder del llamado grupo de ‘Los Romanones’, sigue manteniendo su inocencia «sin género de duda».