Le escribo para que sepa que la Fundación Asilo se esforzó durante todo el proceso judicial para que el juicio quedara invalidado por un mero defecto administrativo, actuando sin el menor decoro a favor del agresor
La familia del joven con discapacidad mental severa que sufrió abusos sexuales por parte de un cuidador de la Fundación Asilo, de Torrelavega, ha denunciado al Papa Francisco la «injusticia» que, a su juicio, ha cometido la institución religiosa, que opina que se ha posicionado «con el delincuente».
En una carta remitida al Papa a la que ha tenido acceso Efe, el padre del joven, José Manuel Díaz, acusa a la Fundación Asilo de haber actuado «desde su más alta instancia para evitar que algunos testigos pudieran declarar amenazándoles con perder su puesto de trabajo, algo que finalmente les sucedió a quienes desoyeron tan injustas instrucciones».
El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander condenó al trabajador de la Fundación Asilo a un año de prisión por un delito de abuso sexual hacia el joven, y declaró a la Fundación Asilo responsable civil subsidiaria.
«Le escribo para que sepa que la Fundación Asilo se esforzó durante todo el proceso judicial para que el juicio quedara invalidado por un mero defecto administrativo, actuando sin el menor decoro a favor del agresor en lugar de ayudar al agredido y a su familia», explica el padre del joven en su carta al Papa.
Y añade que la Fundación Asilo «intentó comprar el silencio» de la familia. «Me temo que esa práctica (humillante para el humilde y practicada desde la estatura ventajosa del poderoso) es costumbre en esa institución», afirma el padre de la víctima, que tiene 29 años y una discapacidad del 79 por ciento que le impide «gobernarse por sí mismo».
«Si un profesor a sueldo de una institución vinculada a la Iglesia abusó de un joven con discapacidad y la Fundación Asilo se posicionó del lado del delincuente en lugar de proteger al humilde ¿a qué clavo ha de agarrarse quien desea creer?«, expresa la familia, que espera una respuesta por parte del Papa Francisco.
Por otro lado, el papa Francisco aceptó la renuncia del obispo mexicano de Autlán, Gonzalo Galván Castillo, acusado por la prensa de su país de encubrir a un cura pedófilo, informó este jueves el Vaticano.
El obispo Galván, de 64 años, renunció antes del plazo establecido por el derecho canónico de 75 años por razones de salud, según precisó el Vaticano. Desde que el papa Francisco autorizó el 10 de junio pasado la creación de un tribunal para juzgar por el delito de «abuso de poder» a los obispos que han encubierto a curas pedófilos, se han multiplicado las renuncias de obispos.
El caso del obispo de Autlán estalló en 2009 cuando un joven de 24 años denunció al cura Horacio López, de la misma diócesis, de haber abusado de él cuando tenía 11 años de edad. Pese a la denuncia, el religioso fue sólo trasladado a otra parroquia y siguió ejerciendo como sacerdote.
En febrero pasado Francisco instó en una carta solemne a los obispos de todo el mundo –cerca de 5.000– a no encubrir por ningún motivo casos de pederastia, un fenómeno que afecta en distintos grados a la Iglesia de todos los continentes.
El tema de los abusos sexuales a menores cometidos durante décadas por curas es el más delicado y complejo para la jerarquía de la Iglesia católica, acusada de haber encubierto durante largo tiempo a curas pedófilos, en particular transfiriéndolos y desoyendo y minimizando las quejas de las víctimas. En los últimos 20 años han sido denunciados miles de casos de abusos sexuales contra niños y adolescentes por parte de curas, en particular en Irlanda y Estados Unidos, en general cometidos entre los años 1960 y 1990.
(RD/Agencias)