Ahora, sabedor de que con las nuevas normativas vaticanas, la Santa Sede puede provocar su expulsión por "actitudes negligentes", Martínez ha cedido a la presión de la feligresía y la parroquia de Nuestra Señora de la Expectación tendrá nuevo párroco
(Jesús Bastante).- Son las otras víctimas del «caso Romanones». Los fieles de Órgiva llevan casi dos años sin sacerdote, después de que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, suspendiera al párroco, uno de los implicados en la denuncia de abusos a menores que llegó a manos del Papa Francisco, quien pidió perdón a «Daniel» y obligó al prelado a tomar medidas.
Ahora, sabedor de que con las nuevas normativas vaticanas, la Santa Sede puede provocar su expulsión por «actitudes negligentes», Martínez ha cedido a la presión de la feligresía y, dos años después, la parroquia de Nuestra Señora de la Expectación tendrá nuevo párroco. Se llama Jesús España, procede del Albuñol y toma posesión este mismo sábado.
La pequeña localidad de Órgiva saltó a los focos de la opinión pública en noviembre de 2014, cuando se destapó el «caso Romanones», una trama de abusos sexuales a menores en la que estuvieron implicados una docena de personas, entre ellas diez sacerdotes de la diócesis de Granada. Dos de ellos, el ex juez del Tribunal Eclesiástico FJCM, y su sustituto en la iglesia, M.M.M., con sede en el pueblo. Finalmente, y por la única razón de la prescripción de los delitos de los que estaban acusados, el juez instructor decretó que la causa sólo seguiría contra el líder del grupo, el padre Román
Órgiva, además, es señalada por la investigación como uno de los epicentros de los posibles abusos, pues fue allí donde el grupo de sacerdotes acabó cobrando la famosa herencia de la farmacéutica del pueblo, cuyo dinero sirvió para la adquisición de varios inmuebles – un total de 19, cuya propiedad compartían Román, varios de los sacerdotes, y los dos laicos-, donde supuestamente pudieron producirse algunos de los abusos denunciados.
Entretanto, la Audiencia Provincial está a la espera de las alegaciones que Fiscalía, acusación particular y acusación popular deben hacer a la petición del abogado Javier Muriel para que se declare la nulidad del expediente canónico del líder del «clan de los Romanones». En opinión de la defensa de Román, éste había sido traído a la causa «en forma contraria a derecho al violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales», informa Efe.
Fuentes de la Fiscalía han avanzado que «previsiblemente» la acusación pública se opondrá a la solicitud de nulidad pretendida por la defensa y que mantendrá de este modo su criterio de que el expediente canónico siga formando parte de las pruebas del proceso, para que éste cuente además con las mayores garantías. La acusación particular, ejercida por el joven denunciante, ya ha trasladado a través de un escrito que la solicitud formulada por la defensa es «cuando menos irregular» desde el plano procesal, y entiende que la cuestión podría ser debatida en juicio como cuestión previa.
La Asociación Prodeni, acusación popular, también se opone a las pretensiones de la defensa y considera que «no ha lugar» a lo solicitado «por cuestiones de forma», y que no se puede plantear en el actual momento procesal la ilegalidad de la prueba sumarial o de un conjunto de actuaciones instructoras. Aún se espera la respuesta del Arzobispado de Granada que, como se recordará, ha sido declarado responsable civil subsidiario en la trama. Tras la resolución de las alegaciones, dos años después, dará comienzo el juicio.