Requerimiento del Gobierno de Aragón

Revisan las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1978

De esta forma se da cumplimiento a una moción de Chunta Aragonesista

Revisan las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1978
Catedral Zaragoza

Rivarés ha instado al Gobierno de España a cambiar el contenido del Concordato y ha apuntado que será en "vía judicial donde se verá si los edificios pasan a gestión pública o no"

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado encargar por requerimiento al Decanato Territorial del Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad la colaboración para hacer un inventario de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la iglesia desde 1978, que incluya la certificación catastral de la parcela o parcelas y la delimitación geográfica de la finca.

De esta forma se da cumplimiento a una moción de Chunta Aragonesista, pero va más allá porque frente a la fecha de la iniciativa de CHA que partía desde 1998 con la reforma del reglamento hipotecario, ahora se remontará a la aprobación de la Constitución para evitar que se queden fuera edificios como la Iglesia de San Juan de los Panetes o la Magdalena, ha expuesto el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés.

Dicha reforma de la Ley hipotecaria de 1998 establece que desde su aprobación inicial, en 1946, la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia católica a través del denominado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar, es un privilegio registral.

La siguiente fase al inventario será que el Gobierno de Aragón reconozca como propiedad pública algunos de los espacios inmatriculados por los que «ninguno la Iglesia católica ha pagado Impuesto de Bienes Inmuebles», ha precisado Rivarés.

Concordato

En rueda de prensa ha explicado que «en muchos casos habrá que saber cuándo, por qué y para qué el dinero público se ha utilizado, ya sea para rehabilitar o mantener estos espacios públicos como La Seo».

Además, ha calculado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado de percibir en concepto de IBI por «estas inmatriculaciones de la iglesia favorecida por el Concordato entre el Estado y la Santa Sede 2,7 millones de euros al año, a los que hay que sumar el IBI exento por la Ley de Fundaciones, que son 2,5 millones de los que 1 millón corresponde a la Iglesia católica» para deducir que en total son 3,8 millones que no se perciben por este concepto.

Rivarés ha instado al Gobierno de España a cambiar el contenido del Concordato y ha apuntado que será en «vía judicial donde se verá si los edificios pasan a gestión pública o no», para dirimir si la titularidad es pública, como así ocurría en edificios como La Seo en 1931.

«El cobro del IBI solo será posible si se modifica el Concordato con el Vaticano mediante ley parlamentaria en las Cortes Generales», ha sentenciado Rivarés, para apostillar que sobre Ley de Fundaciones que afecta especialmente a colegios concertados y que supone más de 1 millón de euros «nos lo casi compensa el Estado».

Sentencias condenatorias

Por otro lado, ha recordado que en estos 18 meses de gobierno de Zaragoza en Común se han pagado 83 millones de euros en sentencias condenatorias al Ayuntamiento.

Las últimas se han aprobado este miércoles y son 2 millones de euros por revisiones de precios de 2012-2013 a FCC limpieza y recogida de residuos urbanos; 368.000 euros por una sentencia de 2014 sobre las obras del Cuartel de la Policía Local de La Paz mas 55.763 euros por intereses de demora.

A ello se suma 1.047.415 euros a pagar a la UTE Estructuras Aragón SAU y Ebrosa como consecuencia de los sobrecostes generados por la construcción de varios equipamientos municipales y por el mantenimiento de colegios públicos y pabellones de varios años se abonarán otros 400.000 euros.

RD/EP

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Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

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