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Interior Mezquita-Catedral de Córdoba

Da seis meses de plazo al Ejecutivo para que aporte la relación de bienes puestos a su nombre

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El Congreso insta al Gobierno a acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia católica

Los Presupuestos prorrogan un año la prohibición de que la Iglesia venda sus bienes patrimoniales

Jesús Bastante, 04 de abril de 2017 a las 17:45
El dinero de la "X" (251 millones el pasado año) no forma parte, estrictamente, de los Presupuestos Generales, sino que se trata de una partida que se detrae de los mismos mediante la casilla
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Las inmatriculaciones de la Iglesia, a debate

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Inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia

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(Jesús Bastante).- El Congreso de los Diputados, a instancias del PSOE, ha aprobado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a reclamar la propiedad de aquellos bienes puestos a nombre de la Iglesia católica y que no se justifiquen como de uso o propiedad eclesiástica.

La iniciativa, presentada en la Comisión de Justicia, contó con los votos en contra de PP y Ciudadanos, y ha acordado solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, en el plazo de seis meses, aporte la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado por el primer Gobierno Aznar.

La PNL también solicita a Moncloa que analice los documentos acreditativos de la propiedad que ha utilizado la Iglesia para vincular dichas propiedades y que, "en caso de no ser documentos suficientes ni válidos", se reclame la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados.

En una nota, el PSOE criticó que la Iglesia católica se haya "adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros y, además, la haya inscrito como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que resulta insultante e indignante para gran parte de la ciudadanía".

La Mezquita de Córdoba es uno de los inmuebles que forman parte del Plan de Catedrales, cuya financiación se encuentra dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que hoy se han presentado y que, como novedad respecto al año pasado, no incluyen una disposición adicional en la que se informaba de la cantidad que los obispos recibirían vía IRPF cada mes.

Fuentes episcopales han indicado que esto puede deberse a que el año pasado sí pudo producirse alguna modificación en el reparto, que no se da en este ejercicio. Otras fuentes sugieren que la ausencia de dicho apéndice refuerce la idea de la Conferencia Episcopal de que el dinero de la "X" (251 millones el pasado año) no forma parte, estrictamente, de los Presupuestos Generales, sino que se trata de una partida que se detrae de los mismos mediante la casilla.

 

 

Lo que sí se incluye en el proyecto de Presupuestos es la prórroga, por un año, del plazo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español por el que se impide a la Iglesia Católica vender sus bienes incluidos en el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. Esta norma también regula la cesión de los mismos.

El texto, que entró en vigor en 1985, dicta que, en los diez años siguientes a su puesta en marcha, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, en posesión de las instituciones eclesiásticas. Sin embargo, en los últimos años el Gobierno ha ido prorrogando este plazo, por lo que se ha ido aplicando durante más de 30 años, informa Ep.

Concretamente, este artículo establece que los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito, ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles.

Además, precisa que dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.

Esta disposición se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, una norma que el ministro de Hacienda y Función Pública ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados y que, ahora, iniciará su tramitación.

 



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