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España
Algunos de los ex consellers detenidos Agencias
El prelado, que en las últimas semanas trabajó, junto a los cardenales Omella, Osoro y Blázquez, para tratar de convencer a Carles Puigdemont para que convocara elecciones autonómicas y así frenar la aplicación del artículo 155

(J. Bastante).- "Profundamente preocupado y triste por la situación que se se ha generado hoy. Pido a Dios que se preserve la paz social". El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha sido el primer obispo catalán en salir al paso de las detenciones del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y parte del cesado Govern de la Generalitat.

El prelado, que en las últimas semanas trabajó, junto a los cardenales Omella, Osoro y Blázquez, para tratar de convencer a Carles Puigdemont para que convocara elecciones autonómicas y así frenar la aplicación del artículo 155, ha mostrado su opinión a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

 

En el mismo, el presidente de la Tarraconense muestra su tristeza y preocupación por las detenciones, aun sin citarla, y clama por la "paz social" que ya se vio amenazada ayer tras las encarcelaciones. En Tarragona, más de cinco mil personas se concentraron para una cacelorada en protesta por el auto de la juez Lamela.

 

 

 

Posteriormente, el Obispado de Girona y el Consejo episcopal de la diócesis publicaron la siguiente nota: "En este momento crítico que está viviendo nuestro país llamamos a que se respeten los derechos fundamentales de las personas y de las instituciones. También pedimos a todos los miembros de las comunidades parroquiales y religiosas de nuestra diócesis que recen para pedir, una y otra vez, que la paz reine en todos los rincones de nuestra casa y por las personas que por sus convicciones se ven alejadas de sus hogares".

Por otra parte, y como informa Ep, un total de 36 sacerdotes y diáconos del Obispado de Vic (Barcelona) han llamado a los ciudadanos y políticos a utilizar el diálogo y medios "siempre pacíficos" para promover los derechos históricos de Cataluña, y esperan el retorno de los derechos fundamentales y de las instituciones del Govern, la abolición de juicios políticos y liberar a los encarcelados.

Así lo recogen en un comunicado en el que lamentan "la violencia, la mentira, la prisión, la persecución de las libertades de reuniones y expresión, la supresión de instituciones como el Parlament y el Govern, la utilización política de los juzgados con amenazas de penas extraordinarias y un muy largo etcétera suficientemente conocido", hechos que consideran que han trastornado la convivencia.

 

 


 

 

Para el colectivo, se ha hecho todo lo posible para que los catalanes no pudieran votar, se ha apaleado brutalmente a gente pacífica, se ha tergiversado información mintiendo y negando la evidencia y se ha enviado a la prisión a "hombres de paz".

También critican que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha subyugado a todo un pueblo aboliendo las instituciones votadas democráticamente por sus ciudadanos y amenazando con 30 años de cárcel a políticos votados por el pueblo".

"En resumen, se quiere negar a nuestro pueblo, con medios poco justos, el ejercicio del derecho a la autodeterminación", destacan en el escrito, un derecho que destacan que legitimó el papa Joan Pau II en un discurso en la ONU de 1995.