La fiscalización real apenas podría afectar a la revisión del convenio con capellanes penitenciarios, y "tal vez" alguna partida referente al 1% de los templos catalogados como Bien de Interés Cultural
(J. Bastante).- El Tribunal de Cuentas auditará el año que viene, por primera vez en la historia de la democracia, a la Iglesia católica española. Así lo ha aprobado este jueves el organismo por unanimidad, según adelanta la cadena SER. La medida ha sido acogida por sorpresa en la Conferencia Episcopal, cuyos responsables aseguran que «es la primera noticia que tenemos», aunque rechazan que suponga un cambio en el actual modelo de transparencia de la Iglesia española.
Según el acta del pleno, el tribunal ha aprobado la fiscalizaciones de las actuaciones desarrolladas por la AEG en materia de cooperaciones económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio 2017.
La propuesta aprobada permitirá al Tribunal de Cuentas elaborar una auditoría que abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Iglesia católica, y también en el resto de confesiones religiosas con acuerdo con el Estado (judíos, evangélicos y musulmanes).
Con esta decisión, que el año pasado fue rechazada con los votos de los miembros designados por el PP, el organismo público considera insuficiente la Memoria Justificativa que todos los años presenta la Conferencia Episcopal al Ministerio de Economía y Hacienda, y en la que de detalla sus gastos, ingresos, y el «impacto para la sociedad» del trabajo llevado a cabo por la Iglesia católica en España.
Tras unos primeros momentos de desconcierto, fuentes episcopales pidieron esperar a conocer el acuerdo del Tribunal en su totalidad, si bien recalcaron que parecía más una decisión política que técnica, y que en la práctica no afectaría al actual modelo de transparencia con la que trabaja la Iglesia española, y que se refleja en la Memoria Justificativa de Actividades, auditada con el sello de Price Water House.
«Habrá que leerlo despacio», apuntaban a RD dichas fuentes, que entienden que la fiscalización real apenas podría afectar a la revisión del convenio con capellanes penitenciarios, y «tal vez» alguna partida referente al 1% de los templos catalogados como Bien de Interés Cultural. No así los conciertos educativos, que dependen de las comunidades autónomas, y que de hecho están revisados por las mismas. Según la CEE, los 251 millones que la Iglesia católica recibe vía IRPF ya están fiscalizados ‘per se’.
La propuesta ya fue rechazada el año pasado por estas fechas. En aquel momento, y al menos oficialmente, la Iglesia católica se mostraba dispuesta a que los fondos que recibe del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta puedan ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. «La Iglesia cumplirá en todo momento lo que se solicite desde la autoridad civil en el marco de la legalidad vigente. No hay ningún problema en ello. Para nosotros la transparencia de cara a la sociedad es clave para poder comunicar lo que la Iglesia es y hace. Es su misión en el mundo», sostenía en enero Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Tal y como recoge la web de la CEE, los obispos presentan desde 2007 (año en que se firmó el incremento al 0,7% de la famosa casilla de la Iglesia) dicha memoria, en la que «pone a disposición de todos tanto la información económica que deriva de la asignación tributaria, como la información de las actividades que han desarrollado las distintas entidades de la Iglesia en nuestro país».
«Cada año -añade el informe- la Conferencia Episcopal rinde cuentas en el Ministerio de Justicia, mediante su Memoria anual de actividades», que «consiste en un detalle de lo que ha supuesto esta asignación tributaria y de qué forma y en qué cantidad se ha repartido a las diócesis y demás entidades».
Precisamente para dotarlo de mayor transparencia, la Iglesia «viene sometiendo todo este proceso de recepción y reparto de fondos a una auditoría externa, de manera que esta empresa externa ya analiza en profundidad el recorrido de todo ese dinero», confirma la CEE, que añade que «no se limita a explicar el reparto del dinero recibido a través de la X sino que además hace un análisis exhaustivo y riguroso de lo que esos fondos suponen dentro del conjunto de recursos que administran las diócesis».
