• Director: José Manuel Vidal
España
Manifestación bebés robados
Se acogía a madres embarazadas, la mayoría solteras, algunas de las cuales en la actualidad relatan supuestas coacciones y presiones para entregar a sus hijos en adopción

(J. B./Ep).- Las religiosas Mercedarias de Valencia habrán de facilitar todos los datos disponibles acerca del nacimiento y los orígenes de un posible bebé robado, según ha dictaminado esta semana el Juzgado de Primera Instancia número 8 de la capital levantina.

La resolución obliga a la orden religiosa, pero también a un médico, un hospital y una fundación a facilitar los orígenes biológicos del denunciante, así como la identidad de su padre y de su madre, incluso aún sin contar con el consentimiento de los mismos.

Según explicó el abogado, Enrique Vila, la principal novedad es que el juez obliga a dar los datos no sólo al hospital donde se produjo el parte, el Vigen del consuelo de Valencia, sino también a la congregación, propietaria del asilo 'Santo Celo', propiedad de las Mercedarias, donde se alojaba la madre del denunciante durante el embarazo.

En esta institución religiosa, añadió Vila, "se acogía a madres embarazadas, la mayoría solteras, algunas de las cuales en la actualidad relatan supuestas coacciones y presiones para entregar a sus hijos en adopción. Alguna de ellas también ha relatado como llegó a reclamar a su hijo en varias ocasiones tras el parto, sin haber dado su consentimiento para la adopción, sin que se le devolviese el bebé".

 

 

El abogado estima que «hay indicios de supuesto robo de niños en dicha institución religiosa, sin que sin embargo se haya podido demostrar en tribunales hasta la fecha ningún hecho delictivo». RD ha intentado, infructuosamente, recabar la opinión de la congregación religiosa.

Las religiosas Mercedarias que regentaban esta institución, que en la actualidad tienen su sede central en Granada, «se niegan a facilitar datos de las madres biológicas, incumpliendo el artículo 39 de la Constitución y el artículo 180 del Código Civil, que reconoce este derecho a los hijos adoptados», lamentó. Algunos afectados, según aseveró Vila, «sospechan que este oscurantismo en los archivos religiosos trate de ocultar supuestas irregularidades en las adopciones y adjudicación de niños».

El letrado espera que esta «presión judicial» a las instituciones religiosas «logre por fin que la Iglesia se decida a aperturar sus archivos en los que constan la identidad del 80 % de las madres biológicas de muchos adoptados y niños robados que buscan a sus familias».

«La resolución judicial es modélica, recoge el espíritu de la ley, y es suficientemente amplia y concisa para que, si se logra ejecutar por la Generalitat Valenciana, mi cliente encuentre a su madre biológica y conozca la historia de su adopción y si es una niño robado más», apostilló el abogado.