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Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos Agencias
El nuevo convenio tendrá que diferenciar entre las obligaciones "religiosas y de culto" y el resto de competencias del Valle, cuya administración, salvo en lo referente a la abadía, siempre corresponderá a la Fundación

(J. Bastante/Agencias).- El abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no irá al Senado. Así lo ha comunicado a la Comisión de Justicia, donde estaba convocado el próximo lunes para explicar su negativa a exhumar los restos de dos fusilados a los que la Justicia había permitido este derecho.

En una carta remitida a la Cámara Alta, el prior alega que sus obligaciones con los feligreses le retienen, y espeta a los senadores que, si quieren verle, vayan a la basílica y les ofrecerá "cuantas explicaciones precisen" sobre el asunto.

Al no tratarse de un cargo público, el monje no está obligado a acudir a la comisión, algo solo obligatorio para los particulares cuando son llamados por una comisión de investigación parlamentaria.

La comparecencia de Cantera había sido solicitado por el grupo socialista, que pretendía que explicara los motivos por los que se niega a facilitar las exhumaciones de los restos de dos hermanos anarquistas enterrados en el recinto del Valle de los Caídos, Manuel y Antonio Lapeña, pese a que un juzgado autorizó sacarlos a petición de sus familiares.

Los benedictinos han paralizado la operación tras recurrir esta decisión judicial bajo el argumento de que la operación podría dañar la basílica, donde también están enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

 

 

Por su parte, el abogado de los familiares de las víctimas enterradas en el Valle, Eduardo Ranz, considera que Santiago Cantera tiene el "deber moral" de acudir a la llamada del Senado. "Es una cita con la democracia. Si finalmente no comparece, quienes sufrimos esta decisión seremos el resto de españoles".

Por otro lado, el Gobierno ha admitido que el convenio de 1958 que rige el estatus del Valle de los Caídos suscrito entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos debe ser renovado, teniendo en cuenta el "nuevo marco constitucional" y la "nueva realidad social" de España.

Así lo reconoció este lunes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés,  a preguntas del portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, la necesidad de revisar este acuerdo teniendo en cuenta así las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos para el futuro del enclave, publicado en 2011.

"El Gobierno es plenamente consciente y comparte el criterio de la Comisión de Expertos y, dado el tiempo transcurrido y visto el nuevo marco constitucional y la nueva realidad social, el convenio suscrito en el año 1958 debe ser renovado", ha proclamado.

El senador Bildarratz se ha congratulado porque el Ejecutivo dé validez por vez primera al documento de los expertos para que sirva de guía de cara a conseguir la "resignificación" del Valle de los Caídos a fin de que "todo el mundo" pueda reconocer los hechos relacionados con la represión franquista y la Dictadura.

Porque, según ha puesto de relieve, cuando él visita el recinto únicamente ve "una sensibilidad", con flores frescas todos los días en la tumba de Franco, un mensaje a la entrada de la abadía que reza "Caídos por Dios y por España 1936-1939" y sin que los familiares puedan retirar los restos de sus seres queridos allí enterrados.

También ha celebrado Bildarratz la decisión de renovar el convenio, cuya acta fundacional, ha recordado, tiene como objetivos "rogar a Dios por las almas de los muertos en Cruzada Nacional" o celebrar misas cada 20 de noviembre, cuando murió Francisco Franco, así como actos religiosos coincidentes con celebraciones franquistas.

 

 

Por su parte, la secretaria de Estado ha ratificado que el Gobierno quiere dar pasos para cambiar el convenio con la abadía a fin de dar un significado al lugar en consonancia con los valores de "paz" y "reconciliación" entre los españoles.

Ha puesto especial énfasis en que el Gobierno se va a atener a "criterios técnicos", porque a su entender no se trata de un asunto que pueda sustentar "debate político", sino que debe buscarse una solución basada en las consideraciones técnicas de los expertos.

Carmen Sánchez-Cortés ha manifestado que al renovar el convenio las partes "deben ser capaces de alcanzar un entendimiento para adaptar sus actuaciones civiles y religiosas al espíritu de la resignificación que se pretende", y además hacerse con el "máximo consenso" político y parlamentario.

En este sentido, ha apuntado que el nuevo convenio tendrá que diferenciar entre las obligaciones "religiosas y de culto" y el resto de competencias del Valle, cuya administración, salvo en lo referente a la abadía, siempre corresponderá a la Fundación.