Hay que exigir que desde el primer minuto en el que se denuncian los hechos ante un responsable canónico éste, con independencia del rango que acredite, tenga la obligación de trasladar de oficio la denuncia a un juzgado
(Jesús Bastante).- Gaztelueta, Romanones, Astorga… Algunas de las víctimas de abusos sexuales y acoso a menores reclamaron este mediodía en el Congreso modificar el Código de Derecho Penal para que estos delitos no prescriban o, a lo sumo, lo hagan pasados 30 años de que la víctima cumpla la mayoría de edad, como sucede en Alemania.
Un grupo de víctimas y familiares se encontraron hoy con altos representantes del Partido Socialista en la Cámara Baja. Por parte del PSOE se encontraban Meritxell Batet y Rafael Simancas (Margarita Robles y Adriana Lastras excusaron su asistencia por el ‘tsunami’ de la moción de censura contra Mariano Rajoy), mientras que por parte de las víctimas estaban, entre otros, Juan Cuatrecasas y su mujer, padres del joven denunciante dle Gaztelueta; FJL, la víctima de abusos en Astorga; o los padres de un joven que sufrió acoso escolar en Madrid.
El encuentro, calificado de «positivo» y «fructífero» por ambas partes, duró hora y media, y durante el mismo las víctimas entregaron al PSOE un documento de nueve páginas en el que reclaman una batería de medidas, que los socialistas han visto con buenos ojos.
La más relevante, la petición de cambiar la legislación para «la no prescripción de los delitos sexuales y el acoso escolar, cuando las víctimas son menores de edad» o, en su defecto, prolongar los plazos hasta 30 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Propuesta que los socialistas se comprometieron a estudiar y que las víctimas ven con optimismo.
Del mismo modo, y en lo tocante a los abusos a menores en la Iglesia, se reclamó la reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado, puesto que «no es de recibo que en un estado aconfesional, la Iglesia tenga una situación de superioridad sobre el Estado social y democrático de Derecho, a la hora de denunciar estos delitos». En este sentido, las víctimas se sienten desamparadas por el episcopado español, con la salvedad de obispos como Osoro y Omella, con quienes han mantenido comunicaciones.
«Hay que exigir que desde el primer minuto en el que se denuncian los hechos ante un responsable canónico éste, con independencia del rango que acredite, tenga la obligación de trasladar de oficio la denuncia a un juzgado, siendo la denuncia canónica causa siempre secundaria, y no al revés, como ocurre hasta el momento», añaden las víctimas.
Cuando los casos de acoso escolar y abusos y agresiones sexuales se dan en el entorno de la Iglesia, y especialmente en el Opus Dei, «las víctimas y su familia se ven sometidas a un proceso judicial en el que la independencia es más que dudosa», añaden las víctimas, que denuncian la presencia de fiscales y jueces de la Obra que «juegan un rol totalmente viciado».
«Hay que destacar que los miembros de esta organización deben obediencia por encima de todo a los intereses de la organización a la que pertenecen», añaden los denunciantes, quienes reclaman que el Opus Dei y organizaciones similares «den un listado de sus miembros, sobre todo cuando ejercen la actividad de funcionarios del Estado».
