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España
La eutanasia
La petición deberá estar firmada por un médico y analizada por otro

El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para regular por ley la eutanasia, después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, hayan respaldado la propuesta realizada por el PSOE.

La proposición de ley, "sumamente garantista", contempla el "final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento" de personas con enfermedad grave e incurable o discapacidad crónica que implique gran sufrimiento, ha explicado la portavoz socialista Adriana Lastra.

La iniciativa, que aborda cuestiones éticas, médicas y jurídicas, permite la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y establece que el derecho a morir dignamente forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

"Presentamos esta ley desde el respeto a la dignidad, a la libertad, a la autonomía de la voluntad de esas personas cuya única perspectiva actual es sufrir y desean poner fin a su calvario. Son casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible", ha indicado Lastra. En la presentación de esta iniciativa, el PSOE ha recordado que, según datos del CIS, el 70% de los españoles están de acuerdo en regular la eutanasia.

 

 

"El horizonte de un deterioro sin esperanzas hace que estos ciudadanos y ciudadanas quieran decidir por sí mismos cuándo y cómo morir. Es su último derecho y su última libertad, morir bien", ha añadido.

El texto del PSOE determina que el derecho a la eutanasia es el que tienen las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable y también aquellas "que deciden no vivir más" en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un "sufrimiento insoportable".

Los solicitantes deben tener nacionalidad española o residencia legal en España y disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.

Deberá haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará, tras lo que se abre un plazo de 15 días.

Posteriormente habrá un periodo de 17 días para que la petición sea analizada por otro médico y finalmente se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control, un proceso que no puede durar menos de 32 días, mientras que la solicitud podrá ser revocada en cualquier momento.

El pasado 8 de mayo, el Congreso ya aprobó la toma en consideración de un texto procedente del Parlamento de Cataluña que instaba a la despenalización de la eutanasia.

Durante el debate en el Congreso, el PP ha sido el único grupo que ha rechazado tramitar la ley de eutanasia del PSOE. "Estamos a favor de la cultura de la vida y no de la muerte. Ya estamos tramitando una iniciativa sobre cuidados paliativas en situación terminal y me parece que este es el camino y no transmitir a la sociedad que aquí se puede matar a la gente en virtud de determinadas situaciones", ha explicado el portavoz 'popular' en la Cámara, Rafael Hernando, en rueda de prensa.

Para los socialistas, la diferencia de este texto respecto a la muerte digna es que ésta es inminente o la muerte está cercana, mientras que la eutanasia es cuando un paciente "con un sufrimiento insoportable" decide que no quiere seguir viviendo a pesar de que su muerte no esté cerca.

 

 

Además, para hacer efectiva esta iniciativa se requiere cambiar el artículo 143 del Código Penal que penaliza a aquellos que ayudan a otra persona a morir, mientras que la ley de muerte digna no requiere un cambio de dicha normativa.

Precisamente, la Cámara Baja se encuentra actualmente debatiendo, en fase de ponencia, una ley de Ciudadanos sobre muerte digna. En este caso, el partido 'naranja' propone diferenciar lo que es un "razonable esfuerzo terapéutico" para alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas, del "encarnizamiento terapéutico" que conduce a la prolongación de un sufrimiento "innecesario".

Además, el texto pide que, en estos procesos, la prolongación de la vida no se considere "un bien superior" al derecho de los pacientes a pasar sus últimos días conforme a sus creencias y convicciones personales.

(RD/Agencias)