Dará un paso importante para las 2.500 víctimas de abusos de sacerdotes y religiosos católicos que dieron su testimonio a la Real Comisión sobre Respuestas Institucionales al Abuso Infantil
(Cameron Doody).- «Increíblemente significativa». Así ha calificado el Gobierno australiano la decisión de la Iglesia católica de rectificar y unirse al programa estatal de indemnizaciones para víctimas de abusos sexuales.
Un plan que compensaría con hasta 150.000 dólares (97.365 euros) a cada víctima de agresiones cometidas por miembros del clero, y que podría costar a la Iglesia un total de mil millones de dólares (650 millones de euros).
«Apoyamos la recomendación de la Real Comisión para un programa nacional de indemnizaciones, administrado por el Estado, y queremos participar en él», anunció en un comunicado el presidente de los obispos australianos, monseñor Mark Coleridge. «Las víctimas se merecen justicia y curación, y muchas han dado valientemente un paso adelante para contar sus historias».
Coleridge, el arzobispo de Brisbane, precisó en declaraciones al ABC que, dada la estructura diversa y compleja de la Iglesia, el programa del Gobierno establecería una agencia «simple y efectiva» para responder a todas las reclamaciones de las víctimas de abuso. Explicando las reticencias que la Iglesia ha expresado en el pasado respecto al programa estatal de indemnizaciones, el prelado aclaró que «ha estado mucho tiempo en proceso de creación, y esta es una de las razones por las que hemos tardado más en esto que lo que nos hubiera gustado».
El plan de compensaciones -en el que también ha anunciado su participación la asociación de religiosos australianos- por fin dará un paso importante para las 2.500 víctimas de abusos de sacerdotes y religiosos católicos que dieron su testimonio a la Real Comisión sobre Respuestas Institucionales al Abuso Infantil.
Si al final se pone en marcha depende todavía de que los estados australianos e instituciones no gubernamentales que se vieron afectados por abusos sexuales decidan juntarse. Pero la idea es que un panel independiente de psicólogos y abogados decida sobre la compensación que se debe a cada persona que sufrió agresiones, y que luego el dinero correspondiente lo abone la institución en la que el abuso ocurrió.
Aunque celebró la decisión de los obispos y religiosos de unirse al programa, la víctima y activista anti-pederastia Peter Gogarty dijo al ABC que la jerarquía debe precisar que las víctimas aún tienen la elección de acudir directamente a la Iglesia si sienten que el programa de compensaciones no les dará lo suficiente como para empezar sus vidas de nuevo. «Creo que la Iglesia tiene que decir que aún está comprometida con ayudar a satisfacer las necesidades que creó en las vidas de las víctimas», afirmó Gogarty.
Organizaciones religiosas en las que ocurrieron abusos investigados por la Real Comisión
