El reciente fallo del Tribunal Supremo declarando la no procedencia de la objeción de conciencia contra la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” ha llenado de preocupación a la mayor parte de los padres que habían presentado la objeción de conciencia. Aunque el fallo se refiere, en concreto, a los cuatro recursos de casación procedentes tres de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro de la Sala de lo Contencioso de Sevilla, a nadie se le escapa la fuerza y el efecto que esta sentencia pueda tener para casos similares. Una preocupación que afecta no sólo a los padres de los centros públicos, también a aquellos otros padres de colegios privados que optaron por la objeción.

Ciertamente la preocupación de estos padres está justificada, pues cuando se trata de la educación moral de sus hijos se está tocando la fibra más sensible de la personalidad de los alumnos. El derecho a educar a los hijos en las propias convicciones morales y religiosas pertenece a los padres, así está reconocido en la Constitución en el artículo 27.3, y así lo afirma la CEE cuando dice que “han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos y que este derecho es su derecho primordial, insustituible e inalienable” (CCCVV Comisión Permanente del Episcopado 28-2-7).

En este sentido es inadmisible que ningún poder público quiera imponer a través de la escuela valores morales no compartidos y, mucho menos, valores morales que son objeto de fuerte polémica en el seno de la sociedad española.

Caso distinto es el de los centros católicos, que educan en los valores cristianos, no todos ellos compartidos socialmente, pero que los padres han aceptado cuando eligieron libremente un centro con proyecto educativo católico.

Dicho esto quisiera poner de manifiesto que nuestra actitud en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha sido la del diálogo y que, por este camino, hemos conseguido bastante más que quienes optaron por otras vías. Siempre hemos afirmado que no nos gusta la asignatura, pero que, una vez aprobada por el Parlamento, estábamos obligados a impartirla. En efecto no hay titular alguno de centro religioso o diocesano que se haya negado a hacerlo. Si esto era así, nos pareció lo más correcto entrar en el debate de los contenidos del currículum y mejorarlos sensiblemente hasta donde nos fuera posible.

Llegados a esta situación, y con un fallo del Supremo contrario a la objeción, pediría a las administraciones “una mano tendida” para que estos alumnos no se vean afectados negativamente por la resolución. Al mismo tiempo querría tranquilizar a los padres de nuestros centros que objetaron y asegurarles que estamos poniendo todos los medios para que dicha asignatura se imparta en nuestros colegios con un desarrollo acorde con el carácter católico de los mismos. Para lograrlo hemos recomendado a los titulares de los centros hacer una selección adecuada de los libros de texto y elegir al profesorado más conveniente para enseñar esta asignatura. Además hemos publicado un libro, “Claves para ofrecer Educación para la Ciudadanía en un centro católico”, que viene a ser como la guía que orienta al profesorado sobre cuál es el sentir de la moral cristiana sobre cada uno de los temas de esta asignatura, además de recoger orientaciones metodologías y recursos didácticos.

Quizá lo más positivo de todo este debate sobre la asignatura en el que todos nos hemos visto inmersos sea un renacer de la preocupación de los padres por la formación ética y moral que se les da a los alumnos en las escuelas. Sería de desear que esa misma preocupación se extendiera a otros ámbitos que influyen tanto o más que la misma escuela, como son la televisión, Internet, los amigos, o, dentro de la misma escuela, a los contenidos de otras asignaturas susceptibles de trasmitir valores e ideologías, como la ética, la filosofía, la literatura y la propia la biología.

En la actual situación de desarme moral de muchos de nuestros jóvenes, cuando no pocas familias encuentran graves dificultades para educar en valores a sus hijos, es imprescindible que nos dediquemos a establecer sinergias educativas sobre los valores compartidos, procurando una estrecha colaboración entre la familia y la escuela, porque ambas instituciones son imprescindibles en la formación integral de los jóvenes.