Cuenta M. Villasante en La Razón que el debate de la Ley Orgánica de Educación (LOE) no ha dejado de lado la situación laboral de los profesores de Religión. De hecho, la Comisión de Educación del Senado votó la semana pasada una enmienda del PP para que la remoción de estos docentes se ajuste a derecho, pero en el marco de los acuerdos firmados entre el Estado y las confesiones religiosas, de forma que la Iglesia mantendría la posibilidad de cesar a los profesores.

 La enmienda en cuestión fue rechazada tanto por el arco parlamentario (con un resultado muy ajustado de 12 votos a favor, otros tantos en contra y una abstención) como por los sindicatos.

   La plataforma sindical de profesores de Religión -integrada por ANPE, CC OO, CSI-CSIF, UGT y USO- ha empezado a entablar conversaciones con la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Educación para llegar a un «acuerdo marco» inspirado en la idea de «judicializar lo menos posible», según apuntó el representante de ANPE, Pedro Lozano, quien se refirió a casos como la remoción de una profesora de Religión en Canarias porque estaba separada de su marido y mantenía una relación con otro hombre.

   Pedro Lozano reconoció que ya se ha empezado a hablar con el Gobierno socialista de si, llegado el momento, los profesores de Religión podrían impartir otras asignaturas. Momento que llegaría, por ejemplo, si la Iglesia no renueva sus contratos o si hay menos horas de enseñanza religiosa.

   Hay que recordar que esta asignatura será de oferta obligatoria en los centros y elección voluntaria por los alumnos y que, tal y como salió el texto del Congreso, la LOE no especifica si habrá alternativa, aunque el PP ha introducido una enmienda en el Senado para que la tenga, y con iguales condiciones académicas que el resto de las materias.

   El caso es que, a expensas de la redacción final del texto, corre el temor de que si no hay una alternativa muchos alumnos se retraerán de elegir Religión (porque tendrán más carga lectiva que los que no la cursen), además de que los centros podrían impartirla a primera o a última hora del día, lo que propiciaría la «deserción» masiva.

   Aunque los sindicatos mantienen que todavía no se ha hablado de las materias concretas que podrían impartir, porque es algo que se especificará en los desarrollos reglamentarios (posteriores a la aprobación de la LOE), este periódico ha podido saber que se les ha planteado que puedan dar Geografía, Historia o Educación para la Ciudadanía, nueva asignatura para la que, dicho sea de paso, ya se ha dicho que se podría «reclutar» a docentes de las dos primeras opciones. «Se trabaja en el currículum y el Gobierno ha abierto bastantes posibilidades», se limitó a apuntar Lozano al ser preguntado por la posibilidad de que asuman la formación en valores.

   Capacitación.

Lo que sí quiso subrayar el representante de ANPE es que «si un profesor de Religión tiene la titulación adecuada, ¿por qué no va a poder dar Ética, por ejemplo?». «A mí nadie me ha demostrado que la Ley Mayor Zaragoza de 1982, que permitía a los profesores de Religión dar otras materias para las que estén facultados, no esté en vigor en este momento», añadió Pedro Lozano.

   Los profesores de Religión deben tener el título de Magisterio en Primaria y de licenciados en Teología o en Ciencias Religiosas cuando dan clase en Secundaria o Bachillerato. La Iglesia se encarga de su designación, mientras que es el Estado quien los contrata y paga. «Desde el punto de vista de la titularidad no hay problemas, el problema puede venir por la situación contractual», indica el secretario de comunicación de USO, José Luis Fernández Santillana.

   Este sindicato explica que la existencia de una alternativa a la enseñanza confesional «supone que todos los alumnos tienen que cursar la una o la otra, y eso facilita que haya Religión». El futuro de esta asignatura puede poner en peligro la estabilidad del profesorado. Por un lado, si hay que impartir menos horas de esta materia (porque se reduce su presencia), desaparecerían puestos de trabajo. Por otro lado, si se mantienen esos puestos y hay más gente contratada y menos carga horaria para los docentes, puede repercutir negativamente en los salarios, añade el representante de USO.

   Según datos de la Conferencia Episcopal, casi ocho de cada diez alumnos de educación no universitaria en España reciben clase de Religión, lo que equivale a más de cinco millones de estudiantes. Una cifra que, no obstante, ha tenido un ligero descenso del dos por ciento respecto a los datos del pasado curso. La Iglesia reconoce que, año tras año, desde la implantación efectiva de la Logse en el curso 1993-1994 ha ido decreciendo la opción por la enseñanza religiosa, entre otras razones, por los condicionamientos académicos.