El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, advirtió hoy de que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se impartirá el próximo curso, es "inconstitucional" y "éticamente inaceptable" y señaló que objeción de conciencia es "una posibilidad clara".

En su intervención durante la clausura del curso de verano del CEU Educación para la Ciudadanía, Rouco aseguró que la asignatura "adoctrina sobre el hombre y sus principios, personales y sociales" y lo hace, además, "de manera obligatoria".

Al imponer esa asignatura, "implícitamente el Gobierno afirma que el derecho de la educación del sentir de los hombres es del Estado y eso no tiene vuelta de hoja", subrayó el ex presidente de la Conferencia Episcopal.

En su opinión, la imposición de esta materia es contradictoria con dos artículos de la Carta Magna, "el 27.3, que establece que el titular del derecho a la educación religiosa son los padres, y el 16, que establece la libertad de religión. Por lo tanto -insistió-, la asignatura es inconstitucional".

El Gobierno ha aducido para "imponerla", según Rouco, "imperativos de Europa" y "comportamientos poco cívicos de la juventud", pero para el cardenal, que recordó en su intervención lo que ocurrió en los siglos XIX y XX "cuando se cayó en la tentación de la ideología del Estado", "esto no es suficiente" porque la asignatura tiene "una fuerte carga ideológica y no se ciñe a lo que es la ciudadanía".

"Éticamente no es aceptable porque obliga a los centros a educar en aspectos de la vida que son fundamentales y lo hace pese a no contar con el consentimiento de las familias", subrayó.

Ante esta situación, Rouco propuso al Gobierno que modifique los reales decretos que la regulan y conviertan la asignatura en una materia opcional o que modifique sus contenidos y redacte "un verdadero programa de educación cívica".

Rouco recomendó tanto a los padres como a los titulares de los colegios que "de no ser así" recurran a lo que prevé el Estado de Derecho e interpongan recursos contencioso administrativos.

Si estos recursos no prosperan queda la objeción de conciencia, "que es una posibilidad clara", subrayó. Para el cardenal, cuando el Estado entra a regular aspectos "tan fundamentales de la persona" pone en "peligro" el Estado de Derecho porque "cuando no se observa el bien común, todo el sistema queda gravemente dañado".