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Gregorio Delgado

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Los vericuetos del protagonismo episcopal (y II)

"Se trata de adheririse a la preconizada transparencia del papa Francisco"

José Manuel Vidal, 19 de mayo de 2017 a las 15:56

Gregorio Delgado

Gregorio Delgado

Uno de los momentos más comprometedores para el obispo es el referido a la adopción de posibles medidas cautelares

(Gregorio Delgado, catedrático).- Uno de los aspectos más lesivos para la autoridad del obispo está en relación con el secretismo que preside e informa la instrucción de la investigación previa. A poco autocríticos que fuesen nuestros obispos, deberían entender que ese modo de actuar ya no es viable, ni entendible, ni encuentra fácil justificación en la cultura actual ni siquiera en la Iglesia.

Ya sé que estas causas se rigen por el secreto pontificio. ¡Grave error, por cierto, que obedeció a lo que todos sabemos y que tanto ha contribuido y contribuye a la pérdida de credibilidad! A estas alturas, nuestros obispos ya deberían haber interiorizado una realidad innegable: se verían notablemente aliviados de muchos de los obstáculos con que tropiezan, de muchas de las críticas que se les dirigen, si se adhiriesen, sin resistencia alguna, a la preconizada transparencia del papa Francisco y obrasen en consecuencia. ¿Por qué no lo hacen y se aferran a visiones e interpretaciones ajenas al sentir de la orientación que, con tantas dificultades, trata de impulsar el papa Francisco? ¡Hay cosas que no se entienden o, mejor, se entienden demasiado!

En cualquier caso, no deberían, de ningún modo, perder de vista que las motivaciones que supuestamente amparan el ‘secreto pontificio' (interpretación tradicional) no se compadecen, por ejemplo, con actuaciones consistentes en no informar al sacerdote denunciado como es debido (entrega del texto de la denuncia), en buscar su adhesión al tipo de defensa que el obispo y/o su delegado han concebido y pergeñado, en no mostrarse propicios a aceptar el abogado que presente el denunciado (a veces, se han puesto trabas ofensivas para el propio Letrado), en exigirle un juramento con contenidos que van más allá de la normativa canónica vigente (no se fían de los laicos), en practicar interrogatorios complacientes para el denunciante, en no permitir en ellos la presencia del abogado del denunciado y, muchos menos, intervenir y colaborar en ellos (repreguntas) en el esclarecimiento de lo realmente ocurrido, en excluir de antemano ciertas pruebas sin justificación motivada por escrito, en negar al defensor del denunciado el conocimiento pleno de todo lo actuado a fin de poder realizar con garantías la defensa de su representado. ¿Tan difícil les es, señores obispos, entender que tales prácticas no son de recibo en la cultura actual y, por tanto, si las ponen en marcha, no les prestigian, sino todo lo contrario?

Aunque parezca mentira, no se excluye -ni muchos menos- que, al momento de realizar la defensa de su representado, el abogado no conozca absolutamente nada de cuanto se ha actuado ni haya intervenido en lo más mínimo a lo largo de toda la instrucción realizada. ¿Cómo puede articular, en tal caso, la defensa de su representado? ¿Acaso ciertos obispos piensan que, con otorgarle un plazo mínimo -sin posibilidad alguna de extraer fotocopias de lo actuado- para ver las Actas, se ha cumplido con la exigencia de respetar el derecho a la propia defensa, que le asiste al denunciado? La verdad es que uno siente vergüenza ajena cuando se ha encontrado con que el vigilante (Notario) te dice que no tienes que realizar escrito alguno de defensa del denunciado y que basta con conocer los hechos por encima y asesorar a tu representado. Pero, ¿qué entenderán algunos por defensa del denunciado? ¿Cómo pueden defender tales posiciones y, posteriormente, no esperar recibir críticas severas a su modo de actuar?

Cuando todas estas actuaciones son valoradas por el denunciado, debidamente asesorado, es imaginable la consiguiente reacción del mismo. ¿Por qué se han de meter los obispos en semejante lío y amparar con su autoridad y poder tales prácticas? ¿Cómo pretenden después ejercer de ‘padre y hermano' con el denunciado? ¿Cómo pretenden que el denunciado, si es exonerado de la acusación, se incorpore plenamente al ministerio y mantenga una relación de normalidad con su obispo? Es más, ¿por qué, aunque el denunciado sea, posteriormente, castigado por haberse hallado culpable, se ha de dar pie a que abandone la Iglesia con la queja cierta de que no se han respetado sus derechos? ¿Es posible que no se tenga duda alguna sobre la reprobación de tales prácticas en la cultura actual? La verdad es que, a veces, no se entiende en qué mundo viven nuestros obispos.

En todo caso, conviene subrayar que la obligación de secreto recae sobre todos cuantos intervengan en el procedimiento en cuestión. En concreto, obliga también al obispo y su delegado. Estos casos siempre dan lugar a situaciones traumáticas y encontradas en el conjunto del presbiterio diocesano y de la propia comunidad cristiana. Los obispos son conscientes de ello y, en consecuencia, no es descartable (más bien, lo contrario) que, en el lógico afán de buscar adhesiones o de neutralizar posibles planteamientos críticos de algún sector del clero al modo como se viene practicando la investigación, se trate de difundir (a través de una supuesta exposición doctrinal abstracta) los criterios que rigen su actuación concreta en el desarrollo de la investigación. Se corre de esta manera el riesgo cierto de revelar aspectos protegidos por el secreto de lo actuado.

No puede negarse que, en ciertos casos, se comentan y exponen a ciertos miembros influyentes del clero (a veces, incluso al propio denunciado) aspectos que están en el secreto del procedimiento. Se busca crear un estado de opinión favorable al modo como se viene actuando. Es más, la búsqueda del acierto puede llevar al obispo a consultar a personas fuera de la propia diócesis (supuestos expertos) y a otros obispos a quienes se confían circunstancias que se incluyen en el secreto de las actuaciones.

Pues bien, cuando esto ocurre -nunca es desechable dado como se las suele gastar el clero- y el denunciado se percata de todo ello o, incluso, le llegan comentarios y valoraciones diversas sobre el particular, no es extraño que se le aparezcan todas las dudas imaginables, que se sienta desconcertado, que se le presenten todos los malos entendidos y fantasmas, que se le interfieran las más graves sospechas sobre la imparcialidad de los responsables de la investigación. ¿No les parece que todo esto es evitable y que es dar pie a la contestación razonable?

Uno de los momentos más comprometedores para el obispo es el referido a la adopción de posibles medidas cautelares. Limitar al sacerdote denunciado el ejercicio de su ministerio es siempre delicado y muy grave. Exige sentido del tacto y de la proporción en el marco de la finalidad buscada por la norma en vigor. Exige, sobre todo en los casos en que la denuncia se ha instalado ya en los medios de comunicación, determinación.

No cabe cometer el error de permanecer indiferentes, mirar para otro lado, posicionarse en términos de inactividad o lentitud en la toma de decisiones. Exige fundamentar debida y razonadamente el por qué de las medidas que se decida adoptar. La falta de la debida sensibilidad respecto al rigor con que se juzgará su posición puede dar lugar a las más encontradas posiciones contra el obispo en diferentes ámbitos de la comunidad cristiana y de la opinión pública. ¿Por qué no lo valoran en sus justos términos en vez de despreciar las críticas recibidas, no siempre exentas de racionabilidad?

Al pensar en el decreto final decisorio, el obispo debe entender que, a la vista de los resultados de la investigación llevada a cabo, ha de pronunciarse, de modo fundado y motivado, sobre si opta por el archivo o por la remisión a la CDF. Motivar significa explicar suficientemente (aunque sea de modo sumario) qué razones ha apreciado para decidir en un sentido u otro. Como, en estos casos, siempre está en juego la buena fama de un sacerdote, si el decreto final es a favor del archivo de la causa, el obispo debe entender que "... habrá de realizar todos los esfuerzos posibles para restablecer la buena fama de un sacerdote que haya sido acusado injustamente" (Card. Levada).

Precisamente por ello, la motivación del archivo se presenta, a mi entender, como una ocasión única para restablecer esa buena fama. ¿Por qué no lo entienden así en muchos casos y se limitan a una vaga, abstracta y genérica referencia? Se trata de que el obispo, en su decreto, exprese las causas concretas que le han llevado a ello. ¿Por qué no se atreven a superar las sibilinas equidistancias, asumen la propia responsabilidad y dan a cada uno lo suyo? No es cuestión en tan importante momento de hipócritas equilibrios, falsamente pastorales, ni de nadar y guardar la ropa. Así parece exigirlo la tutela del bien común eclesial y del derecho fundamental del sacerdote a verse restablecido y compensado en la ofensa recibida. Simplemente se les pide que cumplan con la letra de la propia norma canónica y contribuyan a restablecer la buena fama del sacerdote denunciado.

Cuando nada de esto se hace y se cumple malamente el expediente con equidistancias calculadas, el sacerdote denunciado, que ha sido, en realidad, la verdadera víctima, siente en lo más profunda de su ser la soledad, la defraudación y el desamparo. ¡Qué pueden esperar de él! Pero, ¿qué les pasa? ¿No será que ahora la propia decisión que se ven obligados a adoptar contradice algunos planteamientos precedentes imprudentemente mantenidos? Todo es posible.

A veces sucede que el sacerdote denunciado, que se ha liberado de una injusta y vengativa acusación (en el fondo, se busca, en muchos casos, desprestigiar a la propia Iglesia a través de un sacerdote), no encuentra el necesario apoyo de su obispo en forma de ayuda para afrontar el dispendio económico (minutas abogados, por ejemplo) realizado en su defensa. Una vez más, el sacerdote vuelve a sentirse solo y desamparado. ¿Cómo quieren que reaccione? ¿De verdad, quién así actúa, puede sentirse en paz cuando le echa en cara al sacerdote que ese posible problema económico la ha generado él mismo por rechazar el abogado que se le ofreció para su defensa en la jurisdicción penal estatal o por empeñarse -cuando no era necesario- en designar un abogado de su confianza en la jurisdicción canónica? Sin comentarios.



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