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Opinión
El Process

(Félix Placer, sacerdote).- Los obispos dicen buscar la reconciliación, pero defendiendo la legalidad vigente, y olvidan que la jerarquía anterior apoyó y bendijo la rebelión armada e imposición de la dictadura franquista contra la legalidad democrática republicana.

Como ya es habitual, cuando se plantean aspiraciones independentistas desde la soberanía reclamada de los pueblos del Estado, la jerarquía española no tarda en manifestar su adhesión a la unidad de España: «Las naciones, aisladamente consideradas, no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. (...) Resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad», afirmaron hace unos años.

Aunque más tarde admitían «la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia y por métodos democráticos, pretenden modificar la unidad política de España», se preguntaban: «¿Qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos?».

Ahora, ante el procés catalán, han reafirmado sus posiciones unionistas recurriendo a argumentos religiosos. El arzobispo de Oviedo acusando a los responsables de la Generalitat de «dinamitar España y Europa con sus praxis antisistema», califica a los independentistas de «ladrones de guante blanco y corrupción evadida que acusan a España de robarles (...) Frente al independentismo fanático y violento, confiamos en Dios y nos unimos al Rey en su defensa de la libertad y del orden democrático».

El arzobispo de Zaragoza se hacía portavoz de «la Virgen del Pilar que nos exhorta a vivir en la patria común de todos, que es España».

El cardenal Fernando Sebastián, después de afirmar que «los nacionalismos, todos los nacionalismos, tienen un fondo de protesta, es como el hijo mayor que se va de casa dando un portazo... y se quiera o no, desgarran el tejido social, enfrentan a las personas, dividen las familias», concluye que «el independentismo descristianiza y la descristianización favorece el independentismo».

 

 

Los obispos de Bilbao y Donostia abogaban por «respetar el marco legal» en la crisis entre Cataluña y el resto de España. Munilla insistía en que la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero no se aplica de una manera indistinta en todos los casos, como en los casos de colonización o los casos de los pueblos que «han crecido juntos y que han tenido una convivencia común». No estaría mal que el prelado donostiarra se informara de la historia de Euskal Herria.

En la inauguración de la reciente Asamblea de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, Ricardo Blázquez, avaló la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno Rajoy «Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, porque es un bien común (...) La normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones suponen y exigen el respeto de la ley, que regula nuestra convivencia». Desde estas afirmaciones compartidas, los obispos dicen buscar la reconciliación, pero defendiendo la legalidad vigente, y olvidan que la jerarquía anterior apoyó y bendijo la rebelión armada e imposición de la dictadura franquista contra la legalidad democrática republicana.

En opinión de su vicepresidente, Antonio Cañizares, «el independentismo ha suscitado odios que no existían y la secesión no es compatible con la fe católica». «Lo digo cuando se trata de países democráticos. No se puede ser católico en Italia y defender el secesionismo». Y pedía más contundencia a la Conferencia Episcopal ante el procés: «Deberíamos haber sido más claros».

Por supuesto no ha habido ninguna referencia crítica a las formas violentas en que se ha llevado a cabo, por parte del Gobierno español, la aplicación de art. 155 de la Constitución; tampoco se ha reconocido la expresión democrática, sin violencia alguna, en las urnas de un sector mayoritario del pueblo catalán.

Y ante la posición discordante del obispo de Solsona, Xavier Novell, el mismo Cañizares afirmó que «está confundido», y que «tergiversar la verdadera historia es no querer a Cataluña». Lo mismo que el obispo de Donostia respecto a la historia de Euskal Herria, el cardenal valenciano parece que necesita un aprendizaje de la historia de Catalunya y leer la "Carta de cristianos de Catalunya a los cristianos del conjunto de España" (2015): «Las convicciones nacionales de los cristianos catalanes se sustentan en la historia, pero también en la posición firme de su Iglesia (...) La jerarquía eclesiástica ha reconocido en dos recientes y solemnes documentos el carácter nacional de Cataluña (...) que no puede seguir dependiendo de un Estado que le niega su condición nacional, que limita sus posibilidades de crecer y desarrollarse».

Por ello, el historiador Hilari Raguer, monje de Monserrat, respondiendo al cardenal Sebastián, recuerda que los nacionalismos peligrosos no son las pequeñas naciones que quieren sobrevivir, sino los grandes estados-naciones que quieren absorberlas.

Ante las afirmaciones jerárquicas contra nacionalismos y derechos colectivos de los pueblos, es preciso volver a recordar la carta Pastoral "Preparar la paz" de los anteriores obispos vascos: «Mientras se respeten los derechos humanos y se implanten y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética ni excluirlos en nombre de ésta. En consecuencia, ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia ‘dogmas políticos' que requieran un asentimiento incondicionado».

Sin olvidar la autorizada opinión de José María Setién: «La opción nacionalista como proyecto socio-político-cultural no puede ser rechazada como algo perverso y por ello inaceptable por una conciencia cristiana rectamente formada... Ni siquiera si esa opción se propone en términos de soberanía e incluso de independencia».

Y si se quiere recurrir a instancias jerárquicas más altas, «Hasta que los derechos de todos los Pueblos, entre los que se encuentran el de autodeterminación y el de independencia, no sean debidamente reconocidos y honrados, no podrá haber paz verdadera y duradera, aunque el abusivo poder de las armas pueda prevalecer por un tiempo sobre las reacciones de los oponentes», afirmaba Pablo VI. Y Juan Pablo II: «Una de las formas más dramáticas de discriminación consiste en negar a grupos étnicos y minorías nacionales el derecho fundamental a existir como tales. Esto ocurre cuando se intenta su supresión o deportación, o también cuando se pretende debilitar su identidad étnica hasta hacerlos irreconocibles».

Así lo reconoce la Doctrina Social de la Iglesia: «El Magisterio recuerda que el derecho internacional se basa sobre el principio del igual respeto, por parte de los Estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. La paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia». Así lo recordaba también el papa Francisco en Bolivia.

Ante la prepotencia del Estado y Gobierno españoles que, con todos los medios a su alcance, jurídicos y policiales, pretenden impedir el ejercicio de un derecho ético avalado internacionalmente y ejercido con democracia, es preciso abogar por el protagonismo del pueblo catalán, de Euskal Herria y otros Pueblos en la realización de su propia construcción política y social solidarias; pero los obispos españoles prefieren la legalidad unionista, por encima de un diálogo que considere y respete todos los derechos humanos individuales y colectivos.