La fe religiosa tiene algo específico, irrenunciable. Por eso entre los principales derechos del hombre -el Concilio recuerda- está el de la libertad religiosa en un ambiente de reconocimiento del valor de la democracia y de las formas republicanas
(Eloy Mealla).- La relación del cristianismo con el resto de la sociedad tiene una larga historia. De grupo escindido del judaísmo y perseguido por los romanos llegó a ser la religión oficial de su imperio. Tiempo después, San Agustín elaboró una doctrina de las dos ciudades; una, la ciudad de Dios (la Iglesia), que luego se la interpretó muchas veces como separada y en pugna con otra, la ciudad de los hombres.
Posteriormente se elaboró una doctrina de la Iglesia como «sociedad perfecta». También hubo tendencias hacia modelos teocráticos -la religión imponiéndose al resto de la sociedad- o, por el contrario, intentos de absorber a la Iglesia como una repartición del Estado, el ejemplo más conocido de esto último tuvo lugar en Francia y es conocido precisamente con el nombre de galicanismo o regalismo en otros casos semejantes, como el que impulsó el gobierno de Bernardino Rivadavia y otros en nuestro país, y se prolongó hasta la extinción del anacrónico Patronato en 1966.
Por otro lado, en los últimos dos siglos, el liberalismo intentó arrinconar a la religión a la intimidad de lo privado, toleraba un cristianismo de sacristía; por su parte, el comunismo soviético y chino persiguió frontalmente todo atisbo religioso.
Esta historia difícil -llena de luces y sombras, aprendizajes y fracasos- llevó a la Iglesia a reflexionar sobre sí misma y sobre su relación con el resto de la sociedad alcanzando un momento de madurez que se expresó en el Concilio Vaticano II (1962-1965). Allí se reconoce la autonomía de las realidades humanas y sociales. La Iglesia se entiende a sí misma como servidora y peregrina en medio de los gozos y las angustias de los hombres, que ella también experimenta.
La Iglesia adopta a partir de entonces un estilo que no consiste en imponerse autoritariamente en un régimen de cristiandad, donde Iglesia y sociedad eran coextensibles. Tampoco se trata de segregarse o desentenderse de la vida del mundo. Se trata de un nuevo estilo que se manifiesta especialmente por la cooperación y la autonomía.
Por otro lado, la fe religiosa tiene algo específico, irrenunciable. Por eso entre los principales derechos del hombre -el Concilio recuerda- está el de la libertad religiosa en un ambiente de reconocimiento del valor de la democracia y de las formas republicanas, al menos en buena parte del todavía llamado occidente.
En este clima de pluralismo y de afirmación de las leyes propias y genuinas de la sociedad civil -el fenómeno llamado de secularización- hay que volver hoy a plantearse y revisar el lugar de la Iglesia. El Islam, en gran medida, y en parte ciertas corrientes del Judaísmo, parecen incapaces de distinguir entre la esfera política, racial, cultural, social y religiosa. Permanecen en el integrismo, así llamado por no admitir esas realidades que, aunque no son antagónicas, sí requieren ser distinguidas entre sí.
Ahora bien, si la fe cristiana, o cualquier otra religión, no se identifican con un determinado Estado ni con una determinada forma de organización política, y ciertamente no son tampoco una empresa privada, ¿cuál es el lugar entonces que les corresponde?
Por de pronto, sería conveniente despojarse de ciertas excepcionalidades -independientemente de discutir los motivos históricos por los cuales fueron adquiridas- para evitar equívocos y antipatías innecesarias. Por ejemplo, habría que aclarar enfáticamente o mejor hasta renunciar a los aportes («un plato de lentejas») que reciben los obispos casi como si fueran funcionarios del Estado (Ley 21.950, 1979). Por el contrario, hay que recordar:
«Lo que recibimos los obispos no es un sueldo. No nos hacen ninguna de las retenciones propias de un salario ni pagamos ganancia. Se trata de una asignación que llega a nombre de los obispos y que, por lo general, se destina al sostenimiento de los obispados» (Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba).
En este punto habría que retomar el «proyecto Compartir» -impulsado hace años por el obispo Giaquinta- que proponía que la propia Iglesia tomara la iniciativa de considerar seriamente su autosostenimiento económico, prescindiendo de los aportes -dicho sea de paso- muy exiguos del Estado. Los 140 millones de pesos anuales que el actual presupuesto nacional asigna a la Iglesia, además de irrisorio es perfectamente alcanzable por el conjunto de la comunidad católica si se hablara con claridad sobre el asunto.
Téngase en cuenta que las dos últimas grandes colectas nacionales anuales, Cáritas y Más por Menos, recaudaron aproximadamente $91 millones y $44 millones, respectivamente. Hay que aclarar que esos fondos en realidad no son estrictamente de uso interno y de libre disponibilidad sino que tienen como objetivo fines sociales y de ayuda a las diócesis más necesitadas.
Además aunque pueden considerarse las campañas de recaudación de fondos más exitosas en el país, son bastante limitadas en proporción al enorme volumen institucional, territorial (edilicio, terrenos, otros bienes) y de personal involucrado en su funcionamiento con el que cuenta la Iglesia. Ahora de lo que se trata es de organizar como una «tercera colecta» para el funcionamiento más propiamente interno de la conducción de la comunidad cristiana.
Otro equívoco y fuente de malentendidos es la llamada «separación Iglesia-Estado» porque en realidad constitucionalmente al menos no existe la «unión Iglesia-Estado» ni se puede hablar de un estado confesional.
En efecto:
«La Argentina, por ejemplo, no es un país confesional. No tiene una religión oficial, sino que promueve la libertad religiosa. La Constitución la reconoce como un bien público a tutelar. Estado e Iglesia son autónomos, aunque colaboran en varios frentes: educativo, social, cultural» (Buenanueva).
También es improcedente hablar de la necesidad de establecer en Argentina un Estado laico porque ciertamente lo es. Ya lo había establecido la Constitución de 1853 en que desaparece la figura del catolicismo como religión de Estado y solo se ordena el sostenimiento oficial del culto. Si quedaban resabios confesionales la reforma constitucional de 1994 los eliminó. A saber: el requisito de pertenencia al culto católico para Presidente y Vice, y el mandato al Congreso para convertir a los indios al catolicismo.
Cabe aquí una digresión breve sobre el concepto de laico. Hay una larga tradición de arrastre que hace que ese término se lo equipare a no religioso o, en forma directamente peyorativa, a anticlerical. En realidad, la distinción laico/clérigo pertenece a categorías propias del antiguo régimen de cristiandad donde por definición todos eran creyentes. La gran mayoría laicos, otros clérigos. Con la instauración de las formas republicanas de gobierno todos idealmente pasaron a ser ciudadanos independientemente de sus creencias. A partir de ahí, los cristianos, sean laicos o clérigos, tienen el derecho y el deber de participar en la vida pública, aunque no necesariamente en la actividad política partidaria. Cuánto más los ministros o pastores tienen la libertad de orientar a los miembros de sus comunidades o a otras personas que valoren sus aportes, sin que eso suponga -como insidiosamente se repite- una intromisión de la Iglesia en la vida de la sociedad. En todo caso, cabe hablar de laicidad del Estado que no es lo mismo que laicismo, al igual que secularización no es lo mismo que secularismo.
Volvamos a otra excepcionalidad: La estipulada en el Código Civil y Comercial de 2014 que declara a la Iglesia Católica como «persona jurídica pública» que es una posición innecesariamente privilegiada que también habría que revisar y que tal vez sea conveniente que la Iglesia se anticipara a desprenderse de ella. Estos y otros gestos ayudarían a entender que las religiones son en realidad fenómenos pre-estatales y pre-políticos. Estos y otros fenómenos propios del mundo de la vida tienen su especificidad y hay que reconocerlos anteriores cronológica y substancialmente a la constitución de los Estados Nación modernos. Aceptado lo anterior, los creyentes pueden y deben contribuir al bien común del régimen político en que se encuentren, manteniendo siempre su libertad e independencia.
La Iglesia al reposicionarse según estos criterios podría tal vez de un modo más ajustado -de acuerdo con las exigencias de los tiempos actuales- hacer realidad la imagen evangélica de ser fermento y granos de sal en la masa para que ésta crezca y tenga sabor. Al respecto no vendría mal releer algunos párrafos de la Carta a Diogneto -haciendo abstracción de su dualismo platónico- escrita por un autor desconocido del cristianismo primitivo, que transcribimos a continuación.
«Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto…
Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben…
Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo…De la Carta a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321)
