Asistimos ahora a la tramitación parlamentaria de una proposición de Ley estatal cuyo contenido nos parece muy preocupante
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(Actualidad Evangélica).- La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) se ha dirigido por carta al Gobierno -y también lo ha hecho a los grupos parlamentarios en similares términos- para pedir que, en la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI) que comienza hoy, no sea aprobada sin que, «como mínimo, se eliminen de su texto las cuestiones más controvertidas y las que pueden suponer una violación de derechos fundamentales».
OTRAS VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN DESPROTEGIDAS
Asimismo, FEREDE solicita «que se valore la posibilidad de sustituir esta proposición de Ley por otra que proteja frente a todo tipo de discriminación, que proteja a todas las víctimas y no solo al colectivo LGTBI».
La Federación protestante, interlocutora de las iglesias evangélicas ante el Estado español, recuerda al presidente Mariano Rajoy que «en el año 2014 ya le manifestamos nuestra preocupación por el contenido de las distintas leyes autonómicas de protección del colectivo LGTBI que se estaban aprobando, resaltando en aquel momento los aspectos más preocupantes de la proposición de Ley de Cataluña, y solicitando ya entonces una Ley estatal que ofreciera una protección integral contra la discriminación para proteger a todas las personas y colectivos que la sufren».
Lamenta FEREDE que «la contestación que tuvimos de su parte fue la de derivar el asunto al Ministerio de Justicia, del cual no hemos recibido ninguna respuesta concreta» y «asistimos ahora a la tramitación parlamentaria de una proposición de Ley estatal cuyo contenido nos parece muy preocupante».
VULNERACIÓN DE DERECHOS E IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA
Esta Ley preocupa a FEREDE al menos por dos motivos, «por un lado, porque deja de lado a muchas víctimas de discriminación, que no quedan amparadas por el Estado Español. Por otro lado, porque impone una ideología de la que no se puede discrepar, vulnerando derechos y libertades protegidos por nuestra Constitución».
EL IMPACTO SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA
«Nos preocupa especialmente la vulneración del derecho a la libertad religiosa, y por ello, esta Federación ha solicitado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa el análisis y estudio de la proposición de Ley, a los efectos de valorar el posible impacto que el contenido de la misma pueda tener en el ejercicio de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, e informando al Gobierno de sus conclusiones antes que se proceda a la aprobación de la Ley en el Parlamento. La Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es el organismo del que se ha dotado el Gobierno para estas cuestiones, va a estudiar el contenido de la Proposición de Ley y a estos efectos ha encomendado a un experto la elaboración de una ponencia específica».
Por tal motivo, FEREDE solicita al Gobierno «que tenga en cuenta las cuestiones y propuestas que le trasladamos mediante el presente escrito y el informe jurídico adjunto, y que adopte las medidas necesarias para que no se proceda a la aprobación de la proposición de la Ley cuya tramitación está a punto de comenzar, y que como mínimo, se eliminen de su texto las cuestiones más controvertidas y las que pueden suponer una violación de derechos fundamentales. Asimismo solicita que se valore la posibilidad de sustituir esta proposición de Ley por otra que proteja frente a todo tipo de discriminación, que proteja a todas las víctimas y no solo al colectivo LGTBI».
La carta de FEREDE se ha remitido al Presidente del Gobierno con fecha 15 de septiembre acompañada de diversos documentos e informes jurídicos sobre el particular, entre ellos: la petición de FEREDE al Gobierno en 2014; la petición de FEREDE a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa de 7 de julio de 2017; un comunicado-informe de la Alianza Evangélica Española; y un informe jurídico de ADF Internacional.
