La Santa Sede también aprobó el estatuto del "revisor general", que contará con la ayuda de dos revisores adjuntos. Así se garantizará una mayor autonomía e independencia respecto a eventuales presiones
El cardenal Pell vigilará el control de los fondos vaticanos, pero no tomará decisiones en su gestión. Esta es la principal conclusión tras la lectura de los estatutos de los nuevos organismos económicos de la Santa Sede, aprobados «ad experimentum» el 22 de febrero y que entraron en vigor este domingo.
Las nuevas normas administrativas de la Santa Sede regulan las funciones del Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Revisor General. En contra de lo que parecía, el Papa ha seguido las indicaciones del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y no dejará el control en manos de una sola persona. Así, el revisor general, contará con la ayuda de dos revisores adjuntos, cuyos nombres todavía no se han conocido.
Así las cosas, la Secretaría de la Economía no se convertirá en un «superministerio» de las Finanzas vaticanas, pues Pell verá recortadas sus funciones. El organismo presidido por el cardenal australiano podrá regular los presupuestos y vigilar el funcionamiento de los gastos, pero no gestionar los mismos. Ambas funciones se mantendrán separadas, para facilitar la transparencia y evitar el absoluto control en una sola instancia.
Los estatutos de las tres nuevas instituciones, que podrán ser corregidos en los próximos meses, incide en que la Secretaría de Economía tiene la competencia del «control y la vigilancia en materia administrativa y financiera» sobre las instituciones curiales y la Santa Sede, en colaboración con la Secretaría de Estado, cuya competencia en el ámbito internacional continúa siendo exclusiva.
El dicasterio guiado por Pell tiene dos secciones: una «para el control y la vigilancia» y otra «administrativa». Habrá dos prelados secretarios (el primero con el título de «secretario general»), como superintendentes de las dos secciones.
La primera sección se encargará de vigilar las actividades de planificación, gasto, balances, inversiones, recursos humanos, financieros y materiales de la Curia. La Secretaría, según los estatutos, también podrá enviar inspecciones a los distintos dicasterios y, llegado el caso, asegurars de que «se adoptan medidas correctivas, cuando sea oportuno, o acciones civiles o penales y sanciones administrativas«.
En cuanto a la sección administrativa, se encargará de proponer «modelos y procedimientos»para asegurar el buen criterio a la hora de manejar los bienes. Así, ofrecerá ayuda para optimizar la administración de los recursos, evitar el despilfarro y racionalizar los gastos. Esta sección se ocupará también de los salarios y de las nuevas asunciones, sin olvidar que es la Secretaría de Estado -que conserva más influencia de la inicialmente esperada- la que se ocupa de verificar «la idoneidad de los candidatos». Frente a lo que parecía, la Apsa seguirá administrando los bienes como hasta ahora.
En cuanto al Consejo de Economía, sus estatutos definen que se dedicará a tutelar los bienes de los entes, a reducir los riesgos financieros y a racionalizar los recursos humanos y financieros. El Consejo también verificará los balances preventivos y consultivos anuales y consolidados, para después someterlos a la aprobación del Papa. Está compuesto por 15 miembros: 8 cardenales u obispos, y 7 laicos expertos, entre los que se encuentra el español Enrique Llano Cueto; contará con un prelado secretario y se reunirá cuatro veces al año.
Finalmente, la Santa Sede también aprobó el estatuto del «revisor general», que contará con la ayuda de dos revisores adjuntos. Así se garantizará una mayor autonomía e independencia respecto a eventuales presiones. Los «revisores» verificarán la contabilidad y la administración de los organismos curiales, así como de las posibles irregularidades en la concesión de licitaciones, transacciones o contratos para servicios ajenos.
(RD/Agencias)