En España falta información y servicios de atención
En un contexto en que las noticias sobre violencia hacia las mujeres con componente sexual llenan los titulares de los periódicos -recordemos las violaciones múltiples de Pamplona y Córdoba- 13 organizaciones sociales y de derechos humanos se unen para solicitar el reconocimiento de esta conducta como violencia de género a todos los efectos, cuando se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En España no existen investigaciones públicas en profundidad. Aún así, sabemos que durante el periodo 2011-2014, el 85% de las víctimas de estos delitos en nuestro país (27.730) fueron mujeres y niñas, aunque esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un 10% de las totales.
Por otro lado, es importante recordar que la violencia sexual queda excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, lo que deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección, a la vez que expone a las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o expareja a una situación de indefensión jurídica.
En cuanto a la atención a las mujeres afectadas, es vital reseñar que de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado español, sólo 9 disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia).
A nivel estatal, no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual. En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas. Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado.
