Una decena de organizaciones feministas y de planificación familiar exigieron este viernes a la Junta de Castilla La Mancha que garantice la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la región, práctica que no se está llevando a cabo porque las clínicas no cobran las prestaciones.

Estas organizaciones manifiestan "nuestra preocupación por el grave riesgo de desprotección hacia las mujeres que esta situación puede generar en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha".

"Recordamos a las diferentes instituciones implicadas y a toda la opinión pública que la interrupción voluntaria del embarazo, en los términos legalmente establecidos, es una prestación incluida dentro del sistema público de salud, que debe estar garantizada en cualquier caso", agrega el comunicado. Asimismo, recuerdan que "los convenios que las comunidades autónomas, establecen con clínicas privadas no son más que un mecanismo de ejecución de esta obligación de cobertura a través de los dispositivos públicos de salud, derivando de esta forma una atención que siempre hemos creído debería realizarse prioritariamente en los hospitales públicos, tal y como figura en las reivindicaciones que sobre este tema han realizado nuestras organizaciones desde hace muchos años".

Por esto, entienden que, "si los mecanismos de derivación, no pueden asumir la cobertura de esta prestación pública, deberán ser los hospitales públicos quienes las realicen, estableciendo para ello los mecanismos necesarios para restablecer en el menor plazo posible las garantías relacionada con los derechos que en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo", establecidos por ley.

Por último, exigen al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, "que ponga en marcha los mecanismos necesarios para la supervisión de este proceso, utilizando para ello los instrumentos de la Alta Inspección Médica previstos" en la ley.