El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirma que la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, aprobado por ley en 2007, "no admite ya más demoras" y denuncia que muchos casos acumulan retrasos de más de dos años sin que se hayan resuelto a buen término.

"De las muchas quejas recibidas en 2009, destaca la asombrosa acumulación de retrasos en los procedimientos de reconocimiento, de aprobación de los programas individuales de atención y, no digamos ya, de realización efectiva de las prestaciones", indica el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2009.

A este respecto, Múgica recalca que "muchos expedientes superan de largo los dos años desde la inicial solicitud de las personas dependientes o sus familias sin que las administraciones hayan mostrado la debida diligencia por hacer efectivos sus derechos".

Además, el Defensor del Pueblo apunta a la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana como las regiones que destacan "por sus retrasos" y recuerda que en los tres últimos años ha formulado 11 investigaciones de oficio al respecto entre ambas autonomías.

"Parece oportuno señalar que, durante 2009, se ha recibido un número considerable de quejas sobre la puesta en marcha de la ley, con especial incidencia, como el pasado año, en las comunidades de Madrid y de Valencia. Hacen referencia a las demoras en el reconocimiento y efectos de las prestaciones, pero también a las dificultades para acceder a recursos especializados, a problemas en el abono de las prestaciones ya reconocidas o a disconformidad en las valoraciones", precisa.

Múgica deja constancia en su informe el "considerable número de quejas recibidas" el año pasado porque muchos ciudadanos no habían visto reconocidos sus derechos recogidos en la ley de dependencia.

"A las demoras en la tramitación de la valoración denunciadas el pasado año, se añaden nuevas demoras en la aprobación del programa individual de atención y, finalmente, en la efectividad de la prestación", explica.

Estos retrasos, según Múgica, "suponen en muchos casos además de los daños económicos, pérdidas irrecuperables en los derechos de cotización a la Seguridad Social de los cuidadores informales. Dos años de cotización pueden suponer la diferencia entre acumular o no los años imprescindibles para, en el futuro, acceder a una posible pensión de jubilación".