¿Vamos a tener que pagar por usar el médico de cabecera, las medicinas o la atención hospitalaria?

Vayan ustedes pensándolo, haciéndose a la idea.

El gasto sanitario se está disparando y en algún momento habrá que ponerle freno.

El Gobierno Zapatero ya se ha inventado un minicopago en la justicia -al imponer un "depósito" de entre 20 y 50 euros a quien quiera recurrir una sentencia en la asistencia jurídica gratuita, que ya no es, pues, tan gratuita- con el afán de disuadir, dicen, a quien recurre por recurrir.

¿Se aplicará también en sanidad a quien va al médico casi de forma compulsiva? ¿O al que consume más medicinas de la media? Todavía no hay nada, pero podría haberlo.

Para empezar, el gasto es insostenible. Crece y crece sin parar y la situación sanitaria es crítica.

Algunos la comparan a la situación en que se encontraba la Seguridad Social en la etapa final del felipismo y hubo que hacer el Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad del sistema público.

Más aún, cuando llegó el PP al poder, la Seguridad social estaba en quiebra técnica. Hoy puede pasar algo parecido con la sanidad.

El exceso de gasto autonómico en sanidad alcanza el 15 por ciento de lo presupuestado para 2009 y sigue creciendo.

El gasto farmacéutico -"Algo huele a podrido en Farmaindustria"- , que fue una batalla permanente cuando el PSOE estaba en la oposición, no sólo no ha disminuido sino que crecerá este año en torno a un 4,5 por ciento.

Las arcas comunitarias no pueden pagar las facturas de los laboratorios y, además, el acceso a determinados fármacos es diferente según la comunidad autónoma donde cada español resida.

Por si fuera poco, aunque se ha puesto coto al turismo sanitario del exterior -los europeos que venían a España a operarse o recibir tratamientos especializados gratis- los pacientes desplazados de una comunidad a otra gravan a algunas comunidades con un gasto extra que no pueden recuperar porque no existe un Fondo de Cohesión interautonómico.

Así que atentos: aunque el Gobierno no quiere rebajar ni el presupuesto social ni las prestaciones a los más desfavorecidos, la caída de los ingresos del Estado y la falta de actividad en muchos sectores pueden traer políticas de recortes en el meollo del Estado social: la justicia y la sanidad, especialmente en este último.

La única dificultad es saber quién se atreve a lanzar la iniciativa o si todos prefieren seguir endeudándose, aunque no sepan quién acabará pagando la deuda.