He sido fumador y ya no lo soy, pero comprendo lo difícil que es dejar de fumar. Tan difícil como que, pese a llevar ya mucho tiempo sin fumar -más de 15 años-, cuando alguien me ofrece un cigarrillo tengo que hacer un esfuerzo para rechazarlo.

Sé que fumar tabaco es pernicioso para la salud; que es origen de numerosas patologías, algunas de ellas mortales y todas onerosas para el sistema sanitario público.

También comprendo que es injusto obligar a respirar humo a quien no fuma.

Los fumadores pasivos están en su derecho al exigir que se extremen las medidas para evitar este problema.

Aún así, como digo, comprendo a los fumadores que estos días salen en los medios protestando contra la ministra de Sanidad tras el anuncio de que en breve la prohibición de fumar alcanzará a todos los lugares públicos; desde bares a locales de ocio.

También los dueños de estos negocios están que fuman en pipa ante la perspectiva, según dicen, de perder alrededor de un 30% de ingresos en razón de presumible la espantada de clientes.

Tengo para mi que Trinidad Jiménez -una buena gestora, como acreditó en la crisis de la gripe "A"-, está pagando el peaje del viaje que inició Elena Salgado, su antecesora en el cargo.

Jiménez despliega un discurso coherente en el registro sanitario del asunto, pero, a juicio de los afectados por la medida -hoteleros, restauradores, etc-, se olvida de las inversiones realizadas en bares y restaurantes con el fin de habilitar zonas para fumadores.

Las obras respondieron a un exigencia de la anterior ministra, costaron lo suyo (los afectados hablan de unos 9.000 euros de promedio), y ahora resulta que aquel gasto se revela inútil.

Parece justo que tuvieran algún tipo de compensación, aunque sea por vía de reducción de impuestos.

Quienes desde Sanidad y pese a sus orígenes ideológicos se han olvidado del "Mayo del 68" y de aquél fantástico "prohibido prohibir", deberían tener en cuenta la petición de quienes por hacer caso a las recomendaciones de la ministra Salgado se gastaron lo que muchos de ellos no tenían acondicionando sus locales.

La salud es un argumento de peso para limitar el uso del tabaco, pero mientras el Estado siga cobrando impuestos por este tipo de labores siempre nos parecerá que tras tan rotundos anuncios de prohibición anida una cierta hipocresía.