ECUADOR-TEXACO

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Texaco asegura que el litigio que mantiene en Ecuador se está politizando

Agencia EFE, Miércoles, 10 de septiembre 2008
La petrolera Texaco denunció hoy que el litigio que mantiene en Ecuador desde hace más de seis años por los daños ambientales que supuestamente causó la compañía durante el periodo en el que operó en el país se está politizando.

Miles de indígenas de la Amazonía de Ecuador acusan a Texaco de haber contaminado las zonas de selva en las que trabajó y de haber provocado daños irreparables para la salud de las personas y el medio ambiente, por lo que reclaman indemnizaciones de hasta 16.000 millones de dólares.

La petrolera, ahora integrada en Chevron, asegura que el caso se ha convertido en una "farsa legal" y que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, "está apoyando a los demandantes de una forma que no es apropiada", dijo a Efe Silvia Garrigo, una de las representantes de la compañía.

Garrigo se reunió hoy en Washington con analistas y organizaciones no gubernamentales que siguen el tema.

La portavoz explicó que Texaco operaba conjuntamente con Petroecuador en la zona oriental de Ecuador, en un área en la que sólo le correspondía el 37,5 por ciento del terreno.

En 1992 expiró el contrato que tenía la petrolera y, según Garrigo, comenzó los trabajos de "remediación": limpieza de la zona, cierre de pozos, repoblación de vegetación y garantías de salubridad del agua.

La compañía desembolsó 40 millones de dólares para el plan de limpieza mientras Petroecuador, que ha seguido operando en la zona, "ha hecho muy poco desde los años noventa para completar su parte de remediación y ha tenido más de 1.000 derrames, lo que supone 4,4 millones de galones de petróleo derramados en el medio ambiente".

"El Gobierno apoya este caso porque se ha politizado de forma excesiva", lamentó Garrigo.

Correa, recordó, "declaró que iba a apoyar a los demandantes en la recopilación de pruebas en contra de Chevron y que iba a pedir al Procurador General que comenzara una investigación penal contra las personas que trabajaron en la remediación y la aprobaron".

A su juicio, "este tipo de interferencias es extremadamente inusual" y peligrosa porque "no permite a un juez actuar de una forma objetiva e independiente".

Los trabajos de limpieza, iniciados en 1992, contaron con la aprobación del Gobierno de Ecuador de entonces, que firmó un acta final en la que, después de analizar la calidad de la tierra y del agua, acreditaba que la compañía cumplió con sus obligaciones y quedaba exonerada de responsabilidad alguna.

El juicio, que se está siguiendo en una corte ecuatoriana de Lago Agrio, se encuentra en la segunda de la etapa del desarrollo de pruebas.

Garrido se quejó de que las ONG que están detrás de la denuncia, como el Frente para la Defensa de la Amazonía (Fedam), están desvirtuando el caso y vertiendo acusaciones falsas contra la compañía.

La próxima semana se entregará ante el juez un informe de peritaje que la empresa va a recurrir por la "parcialidad con la que se está trabajando", adelantó Garrigo.

El juez, explicó, "ha escogido bajo presión de los demandantes" a un único perito, en vez de un equipo como estaba establecido.

El perito, Richard Cabrera, "no tiene las calificaciones necesarias y además ha contratado a gente de la ONG Fedam para trabajar en su equipo, sin respetar los parámetros técnicos".

La demanda interpuesta por las comunidades indígenas podría ascender a 16.000 millones de dólares, según sus abogados.

Sin embargo, la representante de Texaco aseguró que "no son cifras basadas en la ciencia porque los abogados, tomando el rol de Gobierno, dicen que tenemos que instalar el sistema de agua potable de todo el Oriente".

Conforme a las denuncias de los pobladores, el trabajo de Texaco en la Amazonía provocó daños en más de 500.000 hectáreas de la región amazónica y una proliferación de enfermedades como el cáncer y las afecciones a la piel y de abortos naturales.

De momento, según Garrigo, todas las muestras de agua han probado que está limpia y, si bien se han presentado informes que han certificado el incremento de muertes y abortos prematuros en la región, estos no están vinculados a la contaminación de las aguas, en opinión de la empresa.