El juicio que se sigue en Argentina por el incendio de una discoteca de Buenos Aires que en 2004 causó 193 muertos fue suspendido hoy por unos 10 días, después de que el principal imputado recusara a los jueces que llevan adelante el proceso al considerar que ya le han condenado.

Pese a que rechazaron por "inadmisible" el planteo de Omar Chabán, dueño de la discoteca donde ocurrió la tragedia, los jueces decidieron remitir la cuestión a un tribunal de segunda instancia, que tendrá un plazo máximo de 10 días para tomar una decisión.

El debate judicial, que comenzó el 19 de agosto, tuvo hoy un giro inesperado luego de Chabán deslindó responsabilidades en Aníbal Ibarra, ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en los jóvenes que arrojaron las bengalas que desataron el siniestro y en los médicos que asistieron en primera instancia a las víctimas.

"¿Tiene que asumir el poder del Estado un idiota, un paria como yo?", se preguntó ante la indignación de los familiares de las víctimas.

"Cuando aquí estén Ibarra, los médicos y los tres descerebrados que tiraron las candelas voy a decir cuál es mi responsabilidad", remarcó antes de considerar que, a su juicio, "la causa está incompleta".

Chabán negó que las puertas de la discoteca República Cromañón estuvieran cerradas al momento del incendio, como dijeron las víctimas y los peritos, a quienes cuestionó.

"Fue un delirio lo que hicieron. Tuvieron muchos errores, actitudes soberbias y se basaron en datos erróneos", comentó.

Acusó a los medios de prensa y a los abogados querellantes de haberlo convertido en "un monstruo, un ser anormal", y casi a los gritos dijo: "He servido como chivo expiatorio para explicar esto, que está más allá de la normalidad".

"Me siento culpable metafísicamente. Quiero que me echen de Argentina por el peso de estas muertes, en el que los demás se evadieron. Sócrates tomó la cicuta, pero yo no quiero", acotó.

Además de Chabán, en el banquillo de los acusados están su asistente Raúl Villarreal, los integrantes de la banda de rock Callejeros, dos ex jefes policiales y tres antiguos funcionarios del Gobierno de la capital del país.

Al propietario de la discoteca República Cromañón se le imputan los delitos de "estrago doloso seguido de muerte", que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión, y "cohecho activo" (pago de sobornos), que las leyes argentinas castigan con entre uno y seis años de cárcel.

El incendio ocurrió el 30 de diciembre de 2004, cuando una bengala lanzada desde el público prendió fuego al techo recubierto de telas de la discoteca, que incumplía las normas municipales de seguridad, albergaba a más público del permitido y tenía bloqueadas sus salidas de emergencia, según las actuaciones judiciales.

El siniestro provocó la destitución, por medio de un juicio político a finales de 2005, de Aníbal Ibarra, a quien posteriormente la Justicia exoneró por falta de pruebas.

El empresario Chabán, el único detenido que tuvo la causa, fue excarcelado el pasado 7 de diciembre en medio de la indignación de los familiares de las víctimas y supervivientes de la tragedia, que se dividieron en cuatro grupos de querellantes.