Muy probablemente, los ciudadanos confían menos en la Administración después de esta sesión del Parlament". El presidente del PP, Josep Piqué describía con estas palabras una impresión que ayer, a última hora de la tarde, compartían muchos diputados y los vecinos del Carmel que acudieron al Parlament para seguir el debate extraordinario sobre el hundimiento de la cola de maniobras de la línea 5 que ha dejado fuera de su casa a 1.057 personas desde hace un mes.

La sesión de ayer fue una de las más tormentosas que ha vivido el Parlament de Catalunya desde su recuperación. Lo que debía ser un debate sobre las causas acabó derivando en un insólito cruce de acusaciones protagonizado por el president de la Generalitat, que pone en entredicho la contumaz serenidad del oasis catalán.

En una imprevista intervención en la sesión de la tarde el president de la Generalitat, Pasqual Maragall acusó al anterior gobierno de CiU de cobrar "el tres por ciento" en comisiones por la adjudicación de las obras públicas. Los más asombroso es que luego el president retiró esta acusación con la promesa de Artur Mas de, a cambio, no romper el consenso sobre el futuro Estatut. La escena desplazó todo el debate político sobre el accidente.

De hecho, el intercambio entre Maragall y Mas era el resultado, seguramente involuntario e inesperado, de la estrategia seguida por los grupos del Govern y por el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, para explicar las causas del hundimiento: el fiasco del Carmel es el resultado la una gestión equivocada heredada del anterior ejecutivo presidido por CiU.

Ese fue el hilo argumental del discurso del conseller Nadal que despejó casi todas las responsabilidades de lo ocurrido en el Carmel a la antigua gestión. Con todo, desde ayer a la lista de las 1.057 primeras víctimas, los vecinos que han debido dejar sus hogares durante un mes y que han visto comprometido su patrimonio, ya se pueden añadir dos cargos públicos, el director general de Ports i Transports de la Generalitat, Jordi Julià, y el presidente de GISA, Ramon Serra, cuya dimisión fue aceptada por Nadal.

No es descartable que hoy, en la aprobación de las conclusiones del debate, las dimisiones puedan extenderse a otros responsables del Departament de Política Territorial. En sus explicaciones, el conseller Nadal confesó que, en realidad, no había logrado hallar una "explicación satisfactoria" de las causas del hundimiento del túnel y aseguró que, pese a los millares de documentos que acumula la obra de ampliación de la línea, la empresa GISA, no había recibido "jamás" ningún aviso de lo que finalmente acabó ocurriendo.

Esta afirmación implica la exoneración de cualquier responsabilidad del Govern. Una tesis que, en realidad, ni tan siquiera suscribieron todos los grupos que forman el actual Ejecutivo catalán.

La réplica del grupo de CiU abrió la sesión de la tarde. Felip Puig, el predecesor en el cargo de Joaquim Nadal, defendió la bondad de su gestión al frente de Política Territorial y exigió al Govern que deje de "extender sombras de sospecha" sobre la gestión del anterior ejecutivo. Él y también Artur Mas reclamaron al Govern que acuda a los tribunales si tiene algún indicio de corrupción. Lo cierto es que ayer, en el Parlament, ninguno de los grupos era capaz de aportar una sola prueba.

Artur Mas, robando tiempo a la intervención de su portavoz, Felip Puig, insistió en que el conseller Joaquim Nadal debía presentar la dimisión aunque aseguró que "probablemente si usted deja el cargo, este Gobierno no aguantará dos días". "Usted -había dicho antes el ex conseller- no puede seguir dirigiendo la obra pública ni ser portavoz de la Generalitat. Ya no tiene el control ni la credibilidad necesaria", agregó Felip Puig.

La intervención del portavoz de Esquerra Republicana fue, entre los tres grupos de dan apoyo al Govern, la más crítica con el conseller Nadal. Joan Ridao pidió al titular del Departament d´Obres Públiques que asuma "todas las reponsabilidades".

De hecho, Ridao, en su comparecencia ante la prensa tras la intervención de Nadal no rechazó a priori la dimisión del conseller de Política Territoral. En línea con esta afirmación Ridao, en su intervención en la Cámara, afirmó que lo ocurrido en el Carmel afecta a la "credibilidad de todo el Govern. El conseller debe ser el primer interesado en asumir responsabilidades para evitar la pérdida de credibilidad".

Joan Boada, del otro grupo que apoya al Govern, fue menos crítico con Nadal, en cambio reclamó con ahínco la constitución de una comisión de investigación con sede parlamentaria para indagar las causas del accidente y también los precedentes que han desembocado en este fiasco.

Boada, portavoz de ICVEUiA, afirmó que "tras escuchar a Maragall y Mas (la disputa sobre el 3% ya se había producido) todavía con más razón pedimos esta comisión de investigación". Para Boada, esta comisión deberá servir para establecer unos nuevos mecanismos de control sobre los métodos de adjudicación de la obra pública en Catalunya.

El portavoz de ICV reprochó al conseller Nadal haber tolerado que la inercia de la gestión del antiguo Govern de la Generalitat alcanzara a la nueva Administración: "un sistema perverso" que debería haber sido atajado de inmediato, según Joan Boada.

Josep Piqué, presidente del grupo parlamentario del PP, también abonó la creación de una comisión de investigación que, aseguró, "ahora es más necesaria que nunca"·

Para Piqué, hasta ahora, en la crisis del barrio del Carmel sólo "hay una cosa buena y es que no ha habido desgracias personales, pero el resto es un completo desastre".

Piqué fue crítico con la actuación general del Govern, tanto antes como después del hundimiento, y reiteró la petición de dimisión del conseller Nadal y la asunción de responsabilidades por parte de otros consellers que, aseguró, "fundamentalmente se han dedicado a estar desaparecidos".