El Consejo de Ministros aprobó ayer un texto legal de 199 páginas (el borrador puede consultarse en PDF en el documento adjunto) cuya disposición final primera, en una jerga jurídica ininteligible para los profanos viene a decir, en una interpretación laxa:

"El Gobierno español podrá cerrar todas las webs que le de la gana, en especial a aquellas que enlazan con descargas, con sólo aducir que vulneran derechos de autor."

El texto legal se llama Ley de Economía Sostenible (LES) y ha puesto muy contentos a la industria cultural y las sociedades de gestión.

Una vez cerrada una web, la intervención judicial se limitará a dilucidar si en el cierre de la página se vulneran derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

"POR LA LIBERTAD EN LA RED. NO AL CIERRE DE WEBS"

Este es el lema que muchas webs de descargas españolas colgaron en sus portadas nada más conocerse la decisión del Consejo de Ministros.

Comenzó de nuevo la difusión viral del manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, que se publicó el 2 de diciembre y que reproducimos al final del texto.

LEY 'SINDE'

La denominada ley Sinde, por el nombre de la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, se tramitará ahora en el Congreso junto al resto de la LES. Se prevé su aprobación a finales de junio.

Posteriormente, deberá redactarse el reglamento que desarrolle la ley y, en particular, la forma de elección y la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, encargada de tramitar las denuncias contra las webs, en un procedimiento rápido, que incluye su bloqueo o cierre como medida cautelar.

El anteproyecto de ley ha sido informado por distintos órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que han puesto serios reparos al texto aprobado ayer.

Pese a la polémica, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se refirió en ningún momento a ella en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Sevilla.

Tampoco los periodistas que estaban allí preguntaron al presidente sobre la cuestión.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

Un manifiesto elaborado entre unos cuantos con intención de que sea de todos:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.