La extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) –ahora integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)– no comprobaba en el año 2007 los ingresos brutos declarados por las teleoperadoras objeto de su supervisión, que eran las cantidades en función de las cuales se calculaba la tasa general que debían pagar, y tampoco emitía liquidación en régimen de estimación indirecta cuando las empresas no presentaban su declaración.
Así lo ha señalado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para presentar el ‘Informe de fiscalización de la gestión de la actividad de la CMT durante el ejercicio 2007’, que fue aprobado en marzo de 2012. Según Alvarez de Miranda, la Comisión no tenía conciliados sus registros contables con la documentación soporte ni con los datos comunicados por la Agencia Tributaria, y tampoco comprobaba los ingresos brutos que los teleoperadores declaraban y que «constituían la base imponible de la tasa general de operadores». En el caso de que las empresas no presentaran su declaración por esta tasa, la CMT tampoco giraba liquidaciones con estimaciones indirectas, y carecía además de una contabilidad analítica, de modo que durante los últimos ejercicios en funcionamiento ingresaba por la tasa general de operadores mucho más de lo que gastaba en su funcionamiento, incumpliendo así el principio de equivalencia y sin proceder a una reducción de la tasa hasta 2011. En el mismo sentido, el Tribunal de Cuentas señala que la tasa de numeración, cuya recaudación se ingresaba después en el Tesoro Público, «adolecía de significativas deficiencias de gestión y control, y además su importe no se remitía al Tesoro con la periodicidad mensual exigida». GESTION DEL PERSONALCon respecto a la gestión de personal, Alvarez de Miranda ha señalado la falta de actualización de los procedimientos, el pago de indemnizaciones «excesivas» a dos directivos que fueron despedidos y la falta de justificación adecuada tanto de los gastos de representación de los consejeros como de los gastos de viaje del personal de la entidad.
Por otra parte, los excedentes de Tesorería eran «muy elevados» y, sin embargo, no comenzaron a «rentabilizarse adecuadamente» hasta finales de 2007, momento en el que se mantenía un «exceso» de provisiones para responsabilidades derivadas de litigios por valor de 246.000 euros, correspondiente a reclamaciones ya resueltas. El organismo fiscalizador también detectó «deficiencias» en los contratos de seguridad y vigilancia, y en los gastos de encomiendas de gestión. Y apuntó que existían 198.000 euros que la CMT debería haber ingresado por sanciones de ejercicios anteriores pero que en el momento de realizar el informe ya habían prescrito. CAMBIO DE SEDEAlvarez de Miranda ha aprovechad su intervención para recordar que el traslado de la sede de la Comisión a Barcelona en 2005 motivó la sustitución de la mayor parte del personal del organismo, lo que «ocasionó importantes distorsiones en su funcionamiento durante los años siguientes».
Además, el inmueble que hasta entonces se ocupaba en Madrid fue entregado a la Administración General del Estado en 2008 a cambio de una compensación presupuestaria futura pero «la ausencia de un informe de tasación sobre el valor del edificio a la fecha de la entrega hizo que la cuantía de tales compensaciones presupuestarias no estuviera predeterminada». Finalmente, el Tribunal de Cuentas reconoce «limitaciones» en el alcance de la fiscalización derivadas de «deficiencias» en el inventario del inmovilizado, debidas principalmente «a la fatal de actualización del inventario desde el traslado de la sede a Barcelona». «No se pudieron localizar un número elevado de elementos inventariados y tampoco se encontraban registrados bienes que estaban en poder de la entidad. No se habían contabilizado bajas de elementos desde el traslado y además no se pudo verificar que la amortización acumulada fuera correcta», ha zanjado el presidente.
