Ciudadanos pregunta si el Gobierno contempla indemnizar a los cargos de la CMT cuyo cese reprocha la UE

Ciudadanos ha preguntado en el Congreso si, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que cuestiona la legalidad de los ceses en la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el Gobierno contempla algún tipo de indemnización para estas personas y, en caso afirmativo, de qué cuantía.

En una batería de preguntas registradas por el portavoz de Hacienda de la formación naranja, Francisco de la Torre, y a las que ha tenido acceso Europa Press, Ciudadanos pregunta por las medidas que el Ejecutivo plantea adoptar, pues el fallo del tribunal europeo señala que estos ceses fueron contrarios al derecho comunitario.

Concretamente, estos ceses son los del expresidente del organismo, Bernardo Lorenzo, y uno de sus consejeros, Xabier Ormaetxea, que recurrieron esta decisión. Su salida de este organismo regulador se justificó en la desaparición del mismo con motivo de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2013.

Según recoge la sentencia del TJUE y apunta Ciudadanos, los ceses se produjeron antes de la finalización de los mandatos de los cargos afectados, de forma anticipada y por motivos distintos a los previstos en la ley reguladora de la CMT.

PIDE DISIPAR DUDAS ANTE FUTUROS CESES

La legislación europea, prosigue la formación naranja, se opone al cese anticipado de mandatos debido únicamente a una reforma institucional, en la medida en que no se prevean disposiciones específicas que garanticen que dicho cese no supondrá un menoscabo de la independencia y la imparcialidad del organismo resultante.

En este sentido, la formación naranja insiste en que estos cargos, tal y como señala la normativa europea, solo pueden ser cesados en caso de que dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones. «Un supuesto que no concurrió en ninguno de los dos ceses afectados por el fallo», apuntan.

Ante ello, Ciudadanos reclama lo que, a su juicio, «enfatiza» la sentencia: que la normativa detalle los motivos de cese de un responsable de un órgano regulador para, de esta forma, «disipar cualquier duda razonable en cuanto a la neutralidad de este organismo y su impermeabilidad a factores externos».

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