Tecnología

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve margen de mejora en algunos de los aspectos del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los estatutos del Colegio oficial de graduados, ingenieros técnicos y peritos de telecomunicación, que no se adecuan a los principios de regulación económica eficiente.

"Se recomienda revisar una serie de aspectos susceptibles de mejora por su falta de adecuación a los principios de regulación económica eficiente", apunta la CNMC en su informe sobre el proyecto de estatutos de una profesión que solo tiene la consideración de regulada con reserva de actividad en cuatro de los 28 Estados de la UE.

En concreto, el regulador aconseja actualizar los fundamentos para considerar la profesión de ingeniero técnico de telecomunicaciones como profesión regulada, así como suprimir las referencias a titulaciones concretas y abrir el mercado a todo profesional con las competencias exigidas, independientemente de la titulación en cuestión.

Además, aboga por revisar conforme a los principios de regulación económica eficiente las reservas de actividad de otras profesiones que pudieran estar vigentes y perjudiquen injustificadamente a la posibilidad de competir.

Asimismo, en el informe emitido a solicitud del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insta a corregir otras restricciones detectadas en los Estatutos, como la prestación de servicios por el Colegio en competencia con los colegiados; el cobro de honorarios y el formulario de nota de encargo.

Otras recomendaciones son clarificar la remisión a la normativa sobre visados, revisar el acceso a la actividad pericial ante los tribunales y una aplicación cautelosa de las medidas dirigidas a evitar el denominado "intrusismo".

REFORMA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.

En su informe, la CNMC también reclama la "puesta en marcha urgente" de una reforma normativa de los colegios y servicios profesionales que favorezca la libertad de empresa. Esta reforma, que se encuentra pendiente desde el año 2009, ha sido recomendada por instituciones internacionales como la UE, la OCDE o el FMI y forma parte del Plan Nacional de Reformas de España.

En opinión del regulador, las restricciones "injustificadas" al acceso y ejercicio de profesiones reducen la oferta de servicios de bienes intermedios y finales, limitan los incentivos de los profesionales a prestar servicios de mayor calidad e innovación.

Además, alerta de que incrementan los precios para un mismo nivel de calidad y facilitan la aparición de acuerdos o prácticas concertadas restrictivas de la competencia y perjudiciales para el interés general.