Palo y serio a Airbnb. La nueva normativa aprobada por el Parlamento portugués para regular y limitar los apartamentos turísticos, cuya práctica, encabezada por plataformas como Airbnb, aumentó un 33% el pasado año, ha entrado en vigor este 21 de octubre de 2018 para combatir el conocido efecto de la «gentrificación», sobre todo en Lisboa, Oporto o en el Algarve luso.
Entre las medidas más significativas que recoge la nueva normativa figura que los registros de los apartamentos tendrán que ser aprobados y controlados por los propios Ayuntamientos.
Incluso, la comunidad de vecinos o el vecindario podrá solicitar, si así lo acuerda por mayoría, el cierre del apartamento turístico en caso de incumplimiento de algunos requisitos mínimos de seguridad, sanidad o si existen perturbaciones que impidan la normal convivencia.
Además, los vecinos podrán solicitar un aumento de hasta un 30 % de la cuota de la comunidad de vecinos para el dueño del apartamento turístico.
Para dar de alta dicha actividad, el propietario tendrá que presentar una instancia al Ayuntamiento, requisito que no era necesario hasta ahora, ya que bastaba con presentar la solicitud al ente público Turismo de Portugal.
En caso de que el apartamento turístico contravenga la ley que entra hoy en vigor, el propietario se enfrentará a multas de entre 2.500 y 4.000 euros y en caso de empresas oscilarán entre los 25.000 y los 40.000 euros.
Según las asociaciones turísticas y hoteleras de Portugal, la práctica de los alojamientos turísticos suponen ingresos para alrededor de 33.000 familias portuguesas, ya que existen algo más de 70.000 apartamentos turísticos en el país.
