Medio millar de ecologistas y antinucleares de la provincia de Burgos y de las comunidades de La Rioja y País Vasco han participado hoy en la XXX Marcha contra la central nuclear de Garoña para pedir el "cierre inmediato" de la instalación.

Según ha informado a Efe un portavoz de los organizadores, Alfonso Ribote, la marcha ha partido poco después de las doce del mediodía de Barcina del Barco (Burgos), una localidad situada a algo más de un kilómetro de la valla que rodea las instalaciones de la central de Santa María de Garoña.

En el punto más próximo a la central, Ribote ha leído un comunicado en el que ha destacado que "el bajo aporte energético de Garoña y su alto riesgo" son argumentos para su cierre, que "se puede justificar con el mismo documento en el que el Gobierno ha decidido prorrogar la actividad de la instalación hasta 2013, incumpliendo la promesa electoral de Rodríguez Zapatero, que se ha doblegado a las presiones de la industria nuclear".

Según los datos ofrecidos por los grupos antinucleares, España exportó en 2008 el doble de la energía producida por Garoña y sólo el cambio de bombillas convencionales por otras de ahorro energético supondría una reducción del doble de la energía eléctrica que produce la central nuclear.

Además, Ribote ha señalado en el comunicado que el cierre de Garoña debe ser "un paso fundamental para llegar a un sistema energético sostenible en el que se apueste por las energías renovables y el abandono de la energía atómica".

Los ecologistas esperan que, tras el anunciado cierre de Garoña, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumpla su compromiso electoral de cierre progresivo de todas las centrales nucleares españolas y después se aborde un plan integral para la gestión de sus residuos.

El portavoz ecologista ha considerado que la muestra de que Garoña es una instalación "obsoleta" es que sigue sufriendo incidentes, como la explosión del 30 de marzo o el incendio del 1 de agosto que, aunque "no fueron graves", suponen un riesgo y una advertencia "porque algún día se puede producir un incidente de mayor gravedad".

En declaraciones a Efe, el portavoz de la marcha contra Garoña ha anunciado que las organizaciones ecologistas mantendrán la presión al Gobierno para que se adelante el cierre de Garoña o, al menos, "no se cambie el criterio y se prorrogue el funcionamiento más allá de 2013".

Además, ha adelantado que presentarán un recurso judicial contra la orden ministerial que otorga a Garoña cuatro años más de funcionamiento.

El recurso se sumará al que también ha anunciado, aunque en sentido contrario, la empresa Nuclenor, propietaria de la instalación nuclear.

Aunque el recurso se apoyará en varios argumentos jurídicos, uno de los fundamentales será que la normativa legal establece que las prórrogas deben ser de diez años y no de dos, de seis o de cuatro, como finalmente se ha decidido desde la Administración General del Estado.