El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley
relativo a la Memoria Histórica, por el que se establecen medidas a
favor de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que,
salvo a PSOE y CiU, no satisfizo a los grupos políticos, en especial
a sus principales impulsores: IU-ICV y ERC, que fueron muy críticos.
Aunque la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, expresó ayer su convencimiento, tras hablar con
los portavoces parlamentarios, de que la ley contará con un acuerdo
que permitirá su aprobación, la mayor parte de los grupos políticos
la calificaron de "descafeinada" y "decepcionante".
Tampoco ha gustado al PP, por motivos distintos, ya que la
consideró "un enorme error" que no sirve "para nada", como ha dicho
el presidente del PP, Mariano Rajoy.
El proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil o la dictadura, señaló la
vicepresidenta, "ayuda a cicatrizar sin reabrir, contribuye a sumar
y no a dividir" y permite cerrar "con honor para todos un capítulo
trágico de la historia".
Sin embargo, los principales promotores de la ley, IU-ICV y ERC,
no escatimaron reproches contra esta iniciativa y coincidieron en
considerarla una claudicación ante la derecha.
El presidente portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares lamentó la
falta de "valentía" del Gobierno y dijo que trabajará para subsanar,
a través de enmiendas, "los agujeros" de la misma, especialmente
para conseguir la anulación legal de los juicios sumarísimos porque
considera que no es suficiente una "reparación moral" de los mismos.
Criticó que la ley no haya cumplido las expectativas de los
republicanos ni de los antifranquistas y, por el contrario, el
Ejecutivo haya optado por "evitar la confrontación con la derecha".
ERC, a través de su portavoz, Joan Tardá, fue más lejos en sus
reproches y acusó al Gobierno de "indignidad" y "deslealtad" por
aprobar una ley que es, a su juicio, "un profundo acto de cinismo" y
una "opera bufa" y anunció que presentará una enmienda a la
totalidad con texto alternativo.
Al igual que Llamazares, lamentó que el Ejecutivo "haya
sucumbido" a las presiones del PP y también a los de "la vieja
guardia" del PSOE, entre los que citó al ex presidente del Gobierno
Felipe González, Alfonso Guerra o Ramón Jáuregui.
El texto tampoco convenció al PP, pese a que De la Vega aseguró
que hubo "una muy positiva posición" por parte de todos los
portavoces, incluido el del popular, Eduardo Zaplana, en la ronda de
contactos que mantuvo ayer.
De esta manera, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que
el proyecto de ley es "un enorme error y ganas de crear un lío donde
no lo había".
Explicó que uno de los grandes acuerdos constitucionales de 1978
fue "mirar al futuro", un pacto que "han respetado todos los
presidentes de España" desde entonces y opinó que la mayoría de los
españoles "no quiere una revisión de la historia, ni quieren volver
a hablar de la República ni de Franco" porque no sirve
"absolutamente para nada".
De momento, sólo CiU, tal como expresó su portavoz parlamentario,
Josep Antoni Duran Lleida, tuvo una opinión favorable a la ley y
afirmó que las medidas adoptadas responden a una "actitud
equilibrada y respetuosa" por parte del Gobierno.
Duras críticas recibió también por parte de diferentes
coordinadoras relacionadas con las víctimas de la represión del
franquismo, como el Foro de la Memoria, que tachó el texto de
"absolutamente decepcionante" y acusó al Gobierno de volver a
defraudar "las expectativas de las víctimas del fascismo".
En esta misma línea se pronunció la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, que anunció que recurrirá al
grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada para reclamar
que se cumpla la normativa internacional.
La coordinadora para la Memoria Histórica y Democrática de
Cataluña, expresó un ""no" rotundo" al proyecto y exigió su retirada
al considerarlo un "insulto" para las víctimas.
"Decepcionante" fue también el calificativo que recibió de
Amnistía Internacional, organización que dijo que "se aleja" de las
normas internacionales de derechos humanos, "olvida" la justicia,
"no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera
sustancial en la búsqueda de la verdad".
La "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y
violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", como así ha sido
denominada, prevé que las víctimas de la Guerra Civil y de la
represión franquista o sus familiares puedan pedir su reparación
moral mediante una declaración pública de reconocimiento que
resolverá una comisión nombrada por el Parlamento.
Además, establece la retirada de símbolos que exalten sólo a una
de las dos partes contendientes en la guerra y especifica el régimen
de uso del Valle de los Caídos, donde se prohíbe expresamente
celebrar actos políticos de ningún tipo en todo el recinto.
El Gobierno ha decidido no incluir la anulación de los juicios
sumarísimos celebrados durante la guerra, una petición en la que IU
y ERC han insistido especialmente, al considerar que desde el punto
de vista jurídico la reparación moral se considera una fórmula "más
razonable y sensata".