Representantes de Amnistía Internacional y Greenpeace recogieron hoy firmas en Tenerife para pedir al Congreso de los Diputados que modifique el proyecto de ley de control del comercio de armas, que creen impreciso y un "colador" para continuar el descontrol en este ámbito.

Las firmas van dirigidas a los portavoces de los ocho grupos parlamentarios en la Comisión de Defensa del Congreso y se recogerán en todo el Estado hasta finales de marzo, cuando el citado órgano parlamentario tiene previsto abordar de nuevo el proyecto de ley.

Fernando Fuente, coordinador de Amnistía Internacional en Tenerife, dijo a Efe que el proyecto supone "un avance", puesto que cubre una ausencia legal en este ámbito, pero al mismo tiempo criticó el hecho de que en su elaboración no se ha consultado a las organizaciones humanitarias y sí a los fabricantes de armas.

También criticó aspectos como que no se prevea el aumento de la periodicidad con la que el Gobierno debe informar sobre la exportación de armas, el destino de las ventas y qué tipo de armamento vende España.

Las organizaciones no gubernamentales reclaman que se cumpla el código de conducta de la Unión Europea en este asunto, de manera que no se vendan armas a países en guerra, a los que las emplean contra su propia población o a los que son susceptibles de vendérselas a los anteriores.

Agregó el representante de Amnistía Internacional que es "sangrante" el hecho de que España sea primer país exportador de munición ligera al África subsahariana.

Fernando Rodríguez, coordinador de Greenpeace en Tenerife, dijo que también se pretende precisar en el proyecto de ley cuestiones como que en España no se fabriquen, transporten o almacenen armas como las bombas de racimo, y aseguró que entre un 5 y un 30 por ciento de este armamento estalla con posterioridad a su lanzamiento y la mayor parte de las víctimas son niños y agricultores.

En la campaña, que también promueve Intermón Oxfam, se indica que en 2005 España vendió armas y material de defensa por valor de 419 millones de euros a 48 países, entre ellos algunos en conflicto o en los que se cometen graves violaciones de los derechos humanos.

En opinión de estas organizaciones, las ventas españolas a países como Colombia, Marruecos, Estados Unidos, Indonesia, China o Israel incumplen reiteradamente el código de conducta de la Unión Europea, por el que no se deben vender armas a naciones en conflicto, con violación de derechos o en los que impere la pobreza.

Entre las medidas propuestas se encuentran las de aplicar estrictamente este código, exigir certificados sobre el destino final de las armas con cláusulas de no reexportación y establecer mecanismos de control sobre los intermediarios de armas españoles o residentes en España, aunque operen desde el extranjero.