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Ignacio Escolar lo soltó con rotundidad:

«Fraga se sentaba en los Consejos de Ministros en los que Franco firmaba penas de muerte».

La frase suena fuerte y circula como un axioma desde la Transición española, pero requiere bastantes matizaciones.

El general Franco no firmó ninguna pena de muerte durante su paso por la Jefatura del Estado.

Las condenas las dictaban los tribunales y el Consejo de Ministros estaba capacitado para indultar o cambiar la pena.

Es el mismo sistema que siguen los gobernadores estadounidenses.

En los Consejos de Ministros se discutía si se concedía o no el indulto a un condenado a muerte. Eso ocurría en los consejos de ministros de Alfonso XIII, de la República y de Franco, pero no se firmaban las ejecuciones, que ya estaban ordenadas.

Es una obviedad, sin embargo, que el generalísimo Francisco Franco estaba perfectamente al tanto de esas sentencias, sobre todo cuando implicaban la ejecución del condenado y que era él, con la aquiescencia de sus ministros, el que decidía si se aplicaban a o no.

Un sombrío ejemplo fue lo ocurrido con Julián Grimau. En 1963, cuando se dio la noticia de que había sido condenado a muerte y comenzó la presión internacional para que no fuera ejecutado, Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional en la que se detallaban los crímenes del dirigente comunista.

Tras la lectura de la sentencia, sólo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión.

Numerosos jefes de Estado se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el ruso Nikita Jrushchov, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dictador soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista.

Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por 17 personas, se reunió el 19 de abril.

Duró diez horas, aunque al parecer sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, y Vicente Fernández Bascarán, subsecretario del Ministerio de la Gobernación y ministro en funciones aquel día, manifestaron su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmados por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española.

Su oposición fue sin embargo más bien tímida, ya que Franco finalmente exigió una votación y la decisión de dar el "enterado" a la sentencia se tomó por unanimidad.