Políticos, Periodistas, Empresarios y Artistas, bajo la lupa

Lo ocurrido en Vic, donde un ayuntamiento controlado por los nacionalistas de CiU y los socialistas del PSC se negaba a empadronar a los inmigrantes sin permiso de residencia en España, puso en primer plano las contradicciones del sistema español frente a un asunto delicado, complejo e ineludible: la inmigración.

Que el ayuntamiento empadrone ahora no zanja el problema; sólo lo saca de las portadas de los periódicos.

No sólo ha quedado en evidencia, una vez más, que el Gobierno zapatero no tiene cuajo para afrontar los retos importantes de la sociedad española.

Queda al descubierto un sistema esquizofénico e injusto, que permite a los inmigrantes ilegales llevar gratis a sus hijos al médico y la escuela, pero les prohibe trabajar para alimentarlos.

Que haya habido 7 reformas de la Ley de Extranjería en diez años, prueba que las autoridades no saben qué hacer y eso afecta tanto al PSOE como al PP.

Escribe Santiago González:

«La incongruencia es el alma española de la Ley de Inmigración».

Y tiene razón, porque la ormativa trata de ser, al mismo tiempo, firme y exigente, y abierta.

Ése fue el espíritu de la que aprobó Aznar y también de la que promovió Zapatero.

Se ha consagrado la ambigüedad, porque la Ley de Régimen de Bases Locales obliga a empadronar a los ilegales, y la Ley de Extranjeria decreta su expulsión.

Y, como señala González, hay que tener en cuenta además las interpretaciones y las lecturas de los políticos.

Por ejemplo, la del lehendakari vasco, Patxi López:

«Lo que hay que hacer es garantizar a todo ser humano su condición de ciudadano, una condición que implica obligaciones y derechos».

Esta frase, explica el comentarista político, significa que «la inscripción en el padrón lleva aparejada de forma automática la inclusión en el censo electoral».