Políticos, Periodistas, Empresarios y Artistas, bajo la lupa

No es Carlos Carnicero de los que se alinean de forma automática o de lealtades incondicionales y sus cada vez más frecuentes críticas a Zapatero le han traído ultimamente más de un problema. El más reciente, que Enric Sopena relegue su columna al final de la portada de Elplural.com.

En estos tiempos, en los que se piden lealtades inquebrantables, que a un periodista le pasen estas cosas demuestra que lo está haciendo bien.

Pues precisamente en Elplural.com, donde Sopena le sigue dando espacio pero lo esconde para que nadie lo lea, escribe Carnicero un artículo titulado "Garzón y la conspiración global", que rompe de forma explosiva con la doctrina oficial de la progresía española:

"Lo relevante no es la existencia de la cruzada por muy execrable que sea, sino averiguar si en la Audiencia Nacional está radicado un juez capaz de vulnerar el estado de derecho".

Tiene razón Carnicero. El derecho constitucional a una defensa y al secreto en las relaciones entre el abogado y su cliente es parte fundamental del estado de derecho y habrá que decidir si lo que se está enarbolando, que el fin -impedir blanqueo de dinero y operaciones ilegales y conseguir pruebas condenatorias- justifica los medios de saltarse la ley es de recibo en una sociedad democrática constituida en estado de derecho.

Que los denunciantes sean delincuentes, presuntos o confesos, es irrelevante. El problema no es quíen le ha denunciado, sino si el contenido de la denuncia es verdadero o falso y si, en su caso, es delictivo.

En estos momentos poner en cuestión algunas actuaciones del juez Garzón es una empresa arriesgada, sobre todo si se hace desde un pensamiento progresista, como intenta hacer Carnicero, porque el propio Gobierno Zapatero, la Fiscalía del Estado, muchos intelectuales, El País, Público y otros medios cercanos al PSOE entre los que está el mismo Plural.com dan por supuesto que las irregularidades de Garzón son irrelevantes y que todo es una cruzada de la derecha más dura para acabar con el juez.

Como explica Carlos Carnicero:

«Quienes practican estas soflamas se están poniendo en el mismo plano de quienes denunciaron un complot para que no se conociera la trama verdadera del 11-M»

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres querellas contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Una de las querellas le acusa de un delito de prevaricación por el caso sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el Franquismo; otra le acusa de escuchas ilegales al abogado de uno de los implicados en el «caso Gürtel», y otra, de haber recibido, a través del Banco de Santander, dinero para su estancia en una universidad norteamericana durante el curso 2005-2006 y de no haberse inhibido después, cuando tuvo que decididir si daba curso o no una demanda contra Botín.