Políticos, Periodistas, Empresarios y Artistas, bajo la lupa

El Mundo publicó ese día una información según la cual el PSOE pagó 35 millones en 1995 a Amedo para que cambiara su declaración y «cargarse» a Garzón y a Pedro J.

A propósito de esa notcia, el director de este periódico, Pedro José Ramírez, comentó: «Es una trama delictiva. Aquí se describe delitos tan graves como el encubrimiento de actividades terroristas, la incitación al perjurio, etc. Desgraciadamente son delitos ya prescritos».

A su juicio, «tendrían un valor importante para reconstruir una página reciente de nuestra historia, en toco caso. Todo encaja, además».

Añadió:

«Cualquiera que recuerde la estrategia de defensa en esos momentos del PSOE de Felipe González en relación a los Gal, recordará la llamada teoría de la conspiración, según la cual, era el juez y el periódico los que nos habíamos puesto de acuerdo con Amedo y el PP para atribuir al Gobierno de González la participación en aquellos asesinatos y hechos terribles».

El director de El Mundo concluyó:

«El PSOE, ese partido que tanto habla de memoria histórica y sigue buscando cualquier fechoría hace 70 u 80 años no ha tenido todavía la capacidad, el sentido de su propia memoria histórica, de reconocer los hechos y de pedir perdón».

Ramírez tiene razón. No existe ninguna declaración de Felipe González ni de sus ministros ni del PSOE, en la que se reconozca responsabilidad alguna sobre los GAL, pese a que un ministro, un secretario de estado, un director general, un ex delegado del Gobierno, un ex secretario general de los socialistas vizcaínos, un general de la Guardia Civil y varios comisarios e inspectores de la Policía han sido condenados por alguno de los dos atentados del GAL que más se han esclarecido: el «caso Marey» y el de «Lasa y Zabala».

Obviamente, como no lo han reconocido, no han pedido perdón. Es más, el PSOE, con Felipe González a la cabeza, interpretó la prisión de Barrionuevo y Vera como un ataque a la libertad. Basta recordar el día que los dos ingresaron en la cárcel de Guadalajara.

El único gesto diferente fue el que hizo Zapatero, tras ser elegido secretario general del PSOE, que ordenó que el partido dejara de pagar a los abogados de José Barrionuevo y Rafael Vera.