Políticos, Periodistas, Empresarios y Artistas, bajo la lupa

Las contrataciones de Felipe González y José María Aznar como consejero de Gas Natural Fenosa y asesor de Endesa, respectivamente, sigue generando polémica.

El joven subdirector de Público se hizo eco de ella en su blog con un comentario bastante sensato. Lo iniciaba con una defensa de la política y los políticos:

«Es una actividad noble, y entre quienes se dedican a ella no hay más mangantes o pícaros que entre los empresarios, los curas o los periodistas».

A continuación, explica que está fuera de toda duda que quienes han ejercido la máxima responsabilidad pública, como los presidentes del Gobierno, «deben disponer de una situación económica digna cuando abandonan el cargo. Y resulta lógico que esos medios materiales se los proporcione el Estado al que han servido».

Pero esta lógica, añade, se rompe cuando esos mismos ex presidentes tienen cuantiosos ingresos por actividades privadas.

«Es un despropósito que José María Aznar, que se embolsa bastante más de un millón de euros al año por asesorar a todo tipo de empresas y dar conferencias, redondee sus emolumentos con dinero público de los españoles. Y, aunque la acumulación de cargos y las cantidades percibidas no son comparables, el mismo argumento sirve para Felipe González».

Tras esta reflexión concluye:

«Resulta imprescindible, por tanto, una reforma de la ley que fija el estatuto de los ex presidentes para que sea incompatible trabajar para empresas privadas y seguir cobrando de los presupuestos públicos».

Rico tiene toda la razón, al margen de su sectarismo al diferenciar el caso de Aznar -peor, por supuesto- y el de Felipe González. No hace falta exprimirse la cabeza para argumentar esta necesidad. Es de sentido común.

Quizá sólo le falte una apreciación: esa nueva norma debería establecer la prohibición de que los ex altos cargos en general trabajaran en empresas cuyas cuentas de resultados dependen, en cierta medida, de las administraciones públicas. Es el caso de las empresas energéticas, cuyas tarifas son reguladas por el Gobierno, o las empresas constructoras.